Tras cuatro meses de ardua discusión, la Comisión Mixta sobre Identidad de Género finalmente culminó ayer con la votación de los últimos artículos del texto que se recomendará aprobar en el Senado, primero; y en la Cámara de Diputados, después.
Si se la compara con otras instancias similares, queda claro que no fue una Comisión Mixta más, ni menos fácil de llevar adelante.
Un tema, que como muchas veces se planteó en el debate parlamentario, implica un cambio cultural para el país, ameritó un tratamiento especial que pasó por reabrir audiencias civiles en un nivel del trámite legislativo que no suele tenerlas y recibir indicaciones -cerca de 200-, tanto del Ejecutivo como de senadores y diputados que no necesariamente integraban el grupo oficial que presidió la senadora Adriana Muñoz.
El proyecto, que aún deberá contar con una última revisión de parte de la Comisión Mixta antes de pasar a consideración de las Salas de ambas ramas del Congreso, define el procedimiento general para el cambio de nombre y sexo registral, así como la institucionalidad encargada de realizar los trámites y procedimientos.
Claramente uno de los temas más debatidos fue la inclusión de los menores de edad en la ley. En esta línea, la Comisión agregó al sistema general aplicable a los mayores de edad, que pasa por la realización de un trámite administrativo ante el Registro Civil, dos nuevas instancias aplicables a los menores:
1. La primera afecta a quienes estén entre los 14 y 18 años, que deberán realizar un procedimiento judicial en los tribunales de Familia, donde se accederá de forma expedita en un máximo de dos audiencias y tras cumplir una serie de requisitos establecidos en la ley.
En este caso la Comisión autorizó la posibilidad que el menor recurra con uno de sus padres o representante, en caso de no haber acuerdo. Y, en el caso que no existan estos, podrá recurrir solo.
2. La segunda instancia está planteada para los menores de 14 años. En estos casos, el procedimiento judicial ante los Tribunales de Familia deberá ser promovido por los padres o su representante y no existe la norma supletoria anterior, en caso de no haber acuerdo.
La propuesta legal también incluye entre sus normas un sistema de acompañamiento para los menores de edad, así como disposiciones sancionatorias para los adultos que busquen hacer uso fraudulento de los documentos anteriores al cambio de sexo y nombre registral.
La Cámara de Diputados estuvo representada por la diputada Natalia Castillo (RD) y por los diputados Jaime Bellolio (UDI), Raúl Saldívar (PS), Matías Walker (DC) y Diego Schalper (RN); en tanto que el Senado fue representado por la ya citada senadora Adriana Muñoz, por la senadora Jacqueline Van Rysselberghe y por los senadores Felipe Kast, Juan Ignacio Latorre y Alejandro Navarro.
Finalmente, cabe mencionar que la iniciativa ingresó en mayo de 2013 como moción en el Senado, institución que terminó por aprobarla y enviarla a segundo trámite en junio de 2017.
A su vez, la Cámara de Diputados ratificó el proyecto en enero de 2017, con variados cambios que no fueron aceptados por el Senado, motivando con ello la conformación de la Comisión Mixta encargada de abordar las diferencias entre ambas Corporaciones, instancia que se inició su trabajo a principios de abril de este año.
