Sala inició discusión de proyecto que fomenta el pago oportuno de los proveedores a las mipymes

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Con la lectura de los informes de las Comisiones de Economía y de Hacienda, por parte de los diputados Alexis Sepúlveda (PRSD) y Guillermo Ramírez (UDI), respectivamente, la Sala de la Cámara de Diputados inició la discusión del proyecto (boletín 10785) que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas, más conocido como “Pago Oportuno”.

La propuesta legal, que representa un largo anhelo de las mipymes, ingresó a trámite al Senado en julio de 2016 y, tras su aprobación en dicha Corporación, en enero pasado, pasó a consideración de las comisiones de Economía y de Hacienda de la Cámara.

Parte central del problema que se busca solucionar con esta iniciativa, que volvió a consideración de las citadas comisiones, es que el comprador recibe un crédito por parte del proveedor, en donde quien fija las condiciones de pago no tiene costos financieros directos por el no cumplimiento, al menos en el corto plazo.

Así, los proveedores reciben facturas por sus ventas que no tienen una fecha definitiva de pago y quien termina por asumir el costo financiero del financiamiento del capital de trabajo es la empresa más pequeña, que al ser la de mayor riesgo, asume un costo mayor.

En respuesta de este problema, el proyecto fija plazos acotados, de 60 o 30 días (según servicio o producto negociado), para el pago de las facturas; define condiciones para los contratos; y establece efectos para los infractores, como es la aplicación de intereses por la mora o simple retardo y hasta la aplicación de responsabilidades y sanciones, en el caso de los organismos públicos.

La iniciativa continuará debatiéndose en la sesión de mañana, ocasión en que se espera que sea votada solo en general, ya que se presentarían indicaciones que obligarán a una nueva revisión a nivel de comisiones.

Entre las indicaciones que se ingresarían, se espera una propuesta del Ejecutivo para establecer un plazo general de 30 días, sin diferenciar el tipo de sector productivo, como hoy está determinado en el texto legal.