Es un problema de difícil solución y que terminó en los tribunales de justicia, con el alcalde de Copiapó tras las rejas y una deuda que asciende a los 500 mil millones de pesos. Se trata del cobro del bono SAE, que los profesores reclaman a los municipios y que ya suma 155 demandas en tribunales.
Los alcaldes dicen que ellos ya pagaron la bonificación, siguiendo las instrucciones del gobierno y de la Contraloría General de la República. Sin embargo, divergencias en la interpretación de las leyes que aplican en esta materia, llevaron a los profesores a recurrir a la justicia puesto que, alegan, la bonificación no fue entregada.
El gobierno, por su parte, señala que ya entregaron los recursos y que aunque la Justicia – como ha ocurrido en algunos casos – ordene pagar la bonificación, no puede volver a entregar estos dineros a las municipalidades.
El diputado Mario Venegas (DC), integrante de la Comisión de Educación, explicó que “hemos tenido diversas interpretaciones de los órganos del Estado. Por un lado, la Contraloría, que sostiene que estaría pagado y que no le corresponde volver a pagar a los municipios. Por otro lado, el Consejo de Defensa del Estado, que también adscribe a esa misma tesis”.
Sin embargo, detalló que en la Corte Suprema ha habido fallos en contrario, que han obligado a los municipios a pagar, “y estamos hablando de una magnitud importante, de los 345 municipios que hay en el país, 155 aproximadamente tienen este tipo de demanda, en una magnitud de dinero que estamos hablando del orden de $125.000 millones a cancelar ya, que se podrían proyectar todavía más, dado que hay que agregar intereses, costas y otros”.
Esto deja a los municipios en una condición muy precaria, puesto que, al cumplir las sentencias, sobre todo en comunas más pequeñas, se quedan sin recursos para otras prestaciones. El alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades, manifestó que “no hay posibilidad de cancelar esta demanda. Estamos hablando de municipios que están demandados por dos mil trescientos millones de pesos, incluso ocho mil millones de pesos. O sea, triplican el presupuesto de las respectivas comunas”.
Precisamente, los fallos que la Corte Suprema ha emitido a favor de los profesores, es el argumento principal del Colegio de la orden, encabezado por su Presidente, Mario Aguilar, quien sostiene que debe respetarse el estado de derecho.
“Acá no puede aceptarse el desacato de un fallo de la Corte Suprema, que ha dictaminado reiteradamente – hay más de un fallo – que el derecho al cobro del bono proporcional (Le Nº 19.933) nos corresponde a los profesores (del sistema) tanto particular subvencionado como municipales”.
El dirigente añadió que “nos parece muy grave todo este movimiento que se está haciendo, por parte de los municipios, en el sentido de desconocer el estado de derecho”.
“Nosotros señalamos que habiendo estado de derecho en Chile lo que le corresponde a las autoridades es cumplirlo, y lamentamos que el Ministerio de Educación, de alguna manera de soslayo, de cierta manera implícita, esté no siendo suficientemente firme o implícitamente respaldando esta postura de desacato que han asumido algunos de los alcaldes y particularmente su presidente”, concluyó.
Una vez expuestas las posturas de cada parte, los presentes llegaron a la conclusión de que, más allá de que las sentencias judiciales deben cumplirse, la solución debe ser más amplia.
Como reclacó el diputado Rodrigo González (PPD), “hay más de 15 municipios que podrían entrar en colapso y hay otros que tienen situaciones judiciales que están pendientes, y que por lo tanto el problema podría continuar agudizándose. Y, por eso, hemos invitado a la próxima sesión al Ministro del Interior, al Contralor de la República, al Ministro de Hacienda, a la Ministra de Educación, al Colegio de Profesores, a la Asociación de Municipios, para encontrar un camino institucional, jurídico y político a este tema, porque no va a haber solución si no hay una gran voluntad política”.
Ya sea a través de una ley interpretativa, o con inyección de nuevos recursos por parte del fisco, se espera que en la próxima sesión las partes logren acercar sus posturas y concordar una solución que permita a los profesores acceder a la bonificación que ellos piden, pero también que evite que los alcaldes sigan yendo a la cárcel por el no pago del bono SAE.
