La Ley de Inclusión Escolar entró en vigencia el 1 de marzo de 2016. En este tiempo, cerca de 300 mil estudiantes se han beneficiado con la gratuidad escolar y los demás beneficios del sistema.
Sin embargo, esta primera etapa de implementación permitió también identificar aspectos de la ley que pueden ser perfeccionados. Para ello, el Ejecutivo envió un proyecto (boletín 11471) misceláneo, que entre otras materias permite adecuar la regulación de arriendos, debido a que la norma genérica de valoración no siempre se ajusta a la realidad de los inmuebles con arriendos previos a la Ley de Inclusión.
El proyecto permite adecuar la regulación de arriendos, debido a que la norma genérica de valoración no siempre se ajusta a la realidad de los inmuebles con arriendos previos a la Ley de Inclusión.
Un estudio del SII señala que la media de las tasaciones fiscales de los inmuebles escolares es de 57% del valor comercial, pero con variaciones que van del 19% al 200%, y que la mediana es de sólo 48%. En otras palabras, la mitad de los inmuebles están tasados por debajo de la mitad de su valor comercial, teniendo en consideración que el avalúo fiscal se utiliza para fijar el canon anual de arriendo. Por ello, el texto propone autorizar que el valor anual del arriendo pueda superar el 11% del avalúo fiscal del inmueble, en casos excepcionales, siempre que se demuestre que la operación se realizará en los términos y condiciones que habitualmente prevalecen en el mercado en el lugar y tiempo de celebración.
Ello permitirá regularizar la posibilidad de celebrar contratos de arrendamiento mientras los sostenedores no sean dueños de los inmuebles donde funcionan sus establecimientos educacionales, lo que facilita la continuidad del proyecto educativo. En segundo lugar, se propone excluir del Sistema de Admisión Escolar a los establecimientos que impartan exclusivamente educación parvularia. Ello, pues no parece razonable que los niños y las niñas que acuden a una escuela de párvulos y que luego se incorporarán al primer año de enseñanza básica en un establecimiento escolar diverso, deban ser sometidos en dos oportunidades en años prácticamente continuos a la postulación por el Sistema de Admisión Escolar.
Pero sí se establece que el Sistema de Admisión Escolar continuará aplicándose a los niveles de transición de los establecimientos que tienen continuidad de estudios entre la educación parvularia y el primero año de educación básica. Asimismo, se excluyen de los procesos de admisión establecidos en la Ley de Inclusión la modalidad educativa de adultos, las aulas hospitalarias y las escuelas cárceles.
Como tercer punto, la iniciativa faculta a la Subsecretaría de Educación para que pueda exceptuar, en casos de emergencias o catástrofes y de manera transitoria, a un establecimiento educacional del cumplimiento de las normas de la Jornada Escolar Completa Diurna, permitiéndole funcionar en doble jornada hasta que la circunstancia originaria haya cesado.
Para continuar con el proceso de implementación de la Ley de Inclusión, se propone facultar a los sostenedores que no se adecúen al requisito de transferir tal calidad a una entidad sin fines de lucro dentro del plazo definido por la legislación, a hacerlo con posterioridad, suspendiendo el derecho a recibir la subvención a partir del 1 de enero de 2018 y hasta que se materialice la transferencia de la calidad de sostenedor.
Además, se incluyen normas que permitirán a los propietarios de establecimientos regidos por el decreto con fuerza de ley N° 2 de 1998, del Ministerio de Educación y establecimientos de educación parvularia financiados con aportes del Estado para su operación y funcionamiento, que no cuenten con permiso de edificación, o que contando con este no han obtenido la recepción definitiva, puedan, hasta el 31 de diciembre de 2018, obtener los permisos de edificación y de recepción simultáneamente de sus inmuebles o mejoras de ellos, siempre que cumplan los requisitos que se indican.
Finalmente, se corrige un error de referencia en la Ley de Presupuestos vigente, para habilitar el pago de la Beca de Excelencia Académica durante el año en curso.
