Con expectación fue recibida en la Comisión Investigadora de Codelco la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, luego que la institución que dirige entrara a representar la defensa de la Contraloría General de la República en el caso interpuesto por la cuprífera, demandando la no aplicabilidad de normas generales de la administración del Estado.
La intervención de Manaud se desarrolla luego que los abogados de Codelco buscaran bajar el perfil a la entrada del Consejo y a la presentación que este hiciera ante el 25 Juzgado Civil de Santiago, donde se planteó que la minera violó reglas básicas de probidad.
Sobre el punto, la abogada fue clara en señalar que el Consejo elaboró su defensa de acuerdo a sus propios criterios y bajo el convencimiento que la Contraloría tiene razón en sus planteamientos de carácter legal.
“Estimamos que hay ciertas normas de la ley de compras públicas que son básicas y que deben aplicarse también a Codelco. La ley no prohíbe las contrataciones, lo que exige es que se fundamenten adecuadamente y se informen a la Contraloría y a la Cámara de Diputados”, precisó.
María Eugenia Manaud sostuvo que, frente a casos similares en donde empresas como Ferrocarriles del Estado y BancoEstado pidieron que se interpretara la ley para establecer si determinadas limitaciones le eran aplicables o no, los fallos resultaron favorables a la defensa establecida por el Consejo.
Asimismo, aclaró que, hasta ahora, no poseen antecedentes que permitan afirmar que se han cometido posibles delitos en la celebración de contratos con partes relacionadas, aunque no descartó la presentación de una querella tras la correspondiente evaluación.
Los parlamentarios valoraron la intervención de la presidenta del Consejo de Defensa del Estado y, tal como resaltó el diputado Juan Luis Castro (PS), quedó claro que para la institución prima siempre la Ley de Bases Generales del Estado en los contratos de las empresas estatales.
“La justicia le ha encontrado la razón al CDE en cuanto a que una empresa estatal se debe regir por las normas del Estado y una norma básica, salvo excepción, es que toda compra se haga licitando públicamente y abiertamente a los oferentes, no por la vía del dedazo directo a comprar mayoritariamente como lo hizo Codelco, sin justificación, a un solo proveedor”, enfatizó.
Asimismo, destacó que se aclarara que no hubo ningún perjuicio económico a Codelco producto de la fiscalización de la Contraloría y que no existe una explicación plausible de parte de la minera, respecto de las irregularidades constatadas por la auditoría, dado que el juicio se enfoca en materias de derecho y no de hechos.
