La Comisión de Hacienda aprobó, por 6 votos a favor, y envió a Sala, los artículos relativos a los aspectos financieros del proyecto que busca perfeccionar ciertos aspectos de la Ley de Inclusión (boletín 11471), tales como: ajustar al valor comprometido durante la discusión de la ley el valor de los arriendos; facilitar el proceso de autocompra sin intermediación bancaria; excluir del sistema de admisión escolar a los establecimientos que impartan exclusivamente educación de párvulos, entre otros.
En la jornada, se repuso una indicación rechazada en la Comisión de Educación que entrega atribuciones a la Superintendencia de Educación en materia de avalúo fiscal de colegios. Al respecto, la Subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, comentó que “al discutirse la Ley de Inclusión en el 2014 uno de los compromisos que asumió el Ejecutivo fue que, tanto en procesos de arriendo como de compra de establecimientos, estos se iban a realizar de acuerdo al valor correspondiente”.
Junto con ello, explicó que “la ley estableció un mecanismo y una regulación para especificar cuánto eran esos valores y se trabajó sobre ciertos supuestos de porcentajes del avalúo fiscal que en la actualidad no se estarían cumpliendo”.
La personera detalló que “las regulaciones específicas que se puso para poder controlar el valor de los arriendos y de las compras en algunos territorios, no se están cumpliendo. Es por esto que el proyecto de ley lo que propone es flexibilizar ese mecanismo, de tal manera de poder cumplir el compromiso que el Ejecutivo tomó durante la tramitación, porque efectivamente en las restricciones que se pusieron de arriendo, en muchos casos, quedan arriendos demasiado bajos respecto a los que es el valor regular en esos territorios”.
Agregó que eso se descubrió luego que el Servicio de Impuestos Internos (SII) desarrolló un estudio donde se observó lo que pasaba con establecimientos educacionales “y efectivamente ahí nos encontramos con que en ciertos territorios o ciertos establecimientos estas restricciones que la ley puso quedan demasiado fuertes o demasiado restrictivas. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es poder dotar a la Superintendencia de Educación de una facultad para poder flexibilizar estas normas y lograr respetar ese acuerdo: el compromiso del Ejecutivo de que se iban a pagar los que correspondían”, finalizó.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda, José Miguel Ortiz (DC), valoró que el Ejecutivo haya repuesto la indicación mencionada y destacó que se ha desmitificado la idea del cierre masivo de establecimientos educacionales.
“Una vez más demostramos que nosotros evaluamos artículo por artículo y todo el perfeccionamiento que sea posible hacer. Hoy vimos los artículos 1,2,3,4 permanente y el segundo transitorio. Estos son perfeccionamientos a las normas educativas y, especialmente, esto está en función del fin al lucro y de traspaso de los colegios, en este caso del término del copago, lo que significa un alivio para los apoderados y que naturalmente se financien solamente con la unidad de subvención educacional”, argumentó.
El legislador señaló que “la aprobación del artículo segundo transitorio sobre atribuciones de la superintendencia, es de toda justicia y eso está en el camino correcto. Fuera de eso, hoy día quedó demostrado que era una mentira, que era un asunto comunicacional que iban a haber cientos de colegios que se iban a cerrar. Eso es falso. De los cinco mil casi seis mil colegios particulares subvencionados casi cuatro mil están terminando el proceso de normalización para el próximo año, los otros están en ejecución y solamente hay 66 colegios que se van a cerrar en este año 2017, que es una norma normal. Del año 2011, se cierran mínimo -por diferentes situaciones- no menos de cien colegios por año, es decir, se está haciendo un reconocimiento a todo el personal del Ministerio de Educación” concluyó.
La Ley de Inclusión Escolar entró en vigencia el 1 de marzo del 2016 y, durante este año y medio de aplicación, se ha puesto en marcha el nuevo sistema de admisión escolar, partiendo por la región de Magallanes.
La iniciativa ha permitido la transferencia de la calidad de sostenedor a entidades sin fines de lucro de más de mil establecimientos, entre otros aspectos. No obstante, la aplicación de la normativa ha permitido identificar aspectos que la iniciativa en debate busca perfeccionar.
Tras su paso por la Comisión de Hacienda, su debate en la Sala de la Cámara se iniciará este miércoles 25 de octubre.
