La detención de 1.295 personas se ha concretado en el contexto del estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur. Así lo comunica el reporte adjunto a la solicitud del Presidente de la República, por la cual requiere del Congreso Nacional la autorización para una nueva prórroga de 30 días de la medida, la cual fue aprobada por la Sala de la Cámara por 90 votos a favor, 12 en contra y 11 abstenciones.
El informe detalla que, desde el 18 de mayo de 2022 (inicio del estado de excepción) hasta el 09 de abril de 2025, hubo 612.834 controles. De ellos, el 65% fueron vehiculares y el 35% de identidad.
Hasta el 06 de abril de 2025, se observa una disminución del 53% de los eventos de violencia rural en la macrozona sur, con respecto al mismo periodo del 2024. El descenso es de 77%, en comparación con el 2021. Esta es la menor cifra de eventos de los últimos nueve años en la macrozona sur.
Los eventos de violencia disminuyeron en tres regiones respecto del mismo periodo del 2024: 59%, en el Biobío; 51%, en La Araucanía; y 33%, en Los Ríos. Por otro lado, en Los Lagos no hay variación respecto del mismo año. Asimismo, en las cuatro provincias de la macrozona sur con decreto vigente han disminuido los eventos respecto del 2024, en donde destaca la reducción de eventos en Malleco, en un 49%.
Los ataques incendiarios, robos y eventos de sustracción de madera son los delitos que más han disminuido, respecto del 2024 en la macrozona sur. Específicamente, los ataques incendiarios se redujeron un 51%, mientras que los robos y los eventos de sustracción de madera disminuyeron 53% y 72%, respectivamente. En provincias con estado de excepción vigente se observa una disminución similar.
La presente prórroga de 30 días comenzará a regir a partir del 30 de abril próximo.
Discusión por estado de excepción
Participaron en el debate Miguel Mellado, Stephan Schubert, Cristóbal Urruticoechea, Flor Weisse, Andrés Jouannet, Miguel Ángel Becker, José Carlos Meza, Bernardo Berger, Leonardo Soto, Sergio Bobadilla, Marlene Pérez y Jorge Guzmán.
Quienes expusieron mantuvieron una postura crítica respecto de cómo se ha desarrollado la medida. Así, cuestionaron que, pese a su instauración, han ocurrido intensos atentados en el ultimo tiempo. Entre ellos mencionaron los tres camiones baleados el 3 de abril y el ataque incendiario de la central hidroeléctrica Rucalhue.
Se acusó que estos grupos actúan con impunidad, por lo cual pidieron un accionar más decisivo y planificado para combatirlos. Igualmente, se llamó a consensuar una política de Estado para desarticular dichos grupos, actuando con inteligencia y trabajando con la gente afectada o vinculada a las zonas bajo el estado de excepción.
Gobierno
Por el Ejecutivo intervino el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Llamó a no perder de perspectiva la evidencia de los informes que entregan las policías. En ellos se constata que los casos de violencia se han reducido. Sin embargo, reconoció que basta un evento, como el de Rucalhue, para que los esfuerzos que el país ha realizado puedan ponerse en duda.
En este contexto, remarcó la posición del Ejecutivo sobre el tema. “Cuando el Gobierno anunció la primera querella por Ley Antiterrorista, lo hizo bajo la convicción que no es solo un acto de terrorismo, sino que, y quiero en esto subrayar, quienes ejecutaron esos actos son una asociación terrorista. Y a mí me parece que eso es lo que está en juego también en esta renovación del estado de excepción. Porque, insisto, cuando ocurren hechos de estas características no es que el Gobierno fracase, no es que las instituciones policiales fracasen. Está desafiado el Estado en su totalidad”, enfatizó.
Asimismo, resaltó que, hasta la fecha, la persecución penal en la zona arroja más de 491 querellas presentadas y 552 condenas.
