Controlar eficientemente el consumo de drogas en la administración pública es el objetivo del proyecto aprobado en general por la Sala (boletines 16489 y 16539). La norma volvió a la Comisión de Gobierno Interior para su análisis en particular.
La iniciativa busca resguardar el principio de probidad y asegurar la eficiencia en la labor gubernamental. Esto, considerando el alto nivel de responsabilidad que tienen las autoridades políticas en la gestión y dirección del país.
Específicamente, el texto señala que no podrá ser candidato a Presidente, senador, diputado, gobernador regional, consejero regional, alcalde ni concejal quien tuviese dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales. La excepción estaría dada en tanto se justifique su consumo por un tratamiento médico.
Agrega que, para que el Servicio Electoral admita la candidatura, deberá prestar una declaración jurada que acredite no estar afecto a esta causal de inhabilidad. Esta declaración tendrá que ser acompañada de un examen médico que la respalde. El test deberá realizarse en base a una muestra de cabello en un laboratorio que cuente con la autorización del Ministerio de Salud.
El texto, igualmente, obliga a que el recinto donde se realice el procedimiento cumpla con los estándares internacionales pertinentes.
Dependencia de drogas
Además, la moción señala que no podrá ser Presidente de la República quien tenga dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Esta inhabilidad se extiende también para ministros de Estado, subsecretarios, jefes superiores de servicios, directivos superiores de la administración del Estado, delegados presidenciales regionales o provinciales, gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales.
Para garantizar la aptitud a los cargos, también se establece la obligación de prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad, junto a un examen médico que lo acredite, en los mismos términos de lo requerido para las y los candidatos.
El proyecto establece que los resultados de estos procedimientos serán públicos y estarán disponibles en los sitios electrónicos institucionales respectivos. A su vez, ordena realizarse un test, a lo menos, una vez al año, durante el ejercicio del cargo.
Debate parlamentario
En informe de la Comisión de Gobierno Interior fue rendido en la Sala por la diputada Paula Labra, autora de una de las mociones refundidas. Además, participaron en el debate Bernardo Berger, Yovana Ahumada, Leonidas Romero, Álvaro Carter, Juan Fuenzalida, Eduardo Durán, Andrés Jouannet, Mónica Arce, Camila Musante, Juan Antonio Coloma, Marcos Ilabaca, José Carlos Meza y Carla Morales.
En las intervenciones hubo parlamentarios que valoraron el alcance de la iniciativa para resguardar la probidad de las autoridades. De esta manera, destacaron que se limite a quienes tomen las decisiones públicas de tener vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico.
Agregaron que una persona en el mundo privado, puede tomar libremente las decisiones que mejor le parezcan. Pero cuando son autoridades públicas, no pueden estar vinculados al mundo de la droga. Asimismo, indicaron que los controles deben ser para todas las autoridades, desde la Presidencia de la República, y debería incluir la alcoholemia.
Sin embargo, algunos diputados también alertaron que, si bien reconocen la motivación del proyecto, este tiene faltas a la técnica legislativa. Esto, porque la norma hace modificaciones legales para autoridades que se encuentran establecidas en la Constitución Política. Además, criticaron que lo que se sancione sea la dependencia de drogas y no el consumo. Así, remarcaron que la primera es una enfermedad que requiere acompañamiento y tratamiento.
