La Sala de la Cámara aprobó por unanimidad la propuesta de la comisión mixta sobre las discrepancias con el Senado respecto del proyecto que moderniza la educación parvularia (boletín 16.811).
En términos generales, la iniciativa está dirigida a la oferta de establecimientos de educación parvularia que reciben aportes regulares del Estado. En ese marco, establece condiciones habilitantes que permiten avanzar en el desarrollo de dicho nivel educativo.
Durante el mes de marzo, las y los diputados rechazaron los cambios propuestos por el Senado a los requisitos que deben cumplir los establecimientos de educación parvularia para recibir la certificación del Ministerio de Educación.
En dicho escenario, la comisión mixta repuso algunas partes del texto propuesto por la Cámara pero con ciertas modificaciones para concitar acuerdos. De este modo, el texto final propuesto señala que para favorecer el acceso a una educación de calidad a niñas y niños, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) podrá desarrollar programas alternativos. Esto, con componentes curriculares flexibles y diversificados para atender integralmente a niñas y niños.
Los proyectos deberán realizarse de forma contextualizada a las necesidades educativas de niñas y niños, y a las de sus familias. La norma agrega que estos establecimientos se ajustarán a las bases curriculares vigentes, que se implementarán con distintos énfasis o lineamientos pedagógicos según sus particularidades.
El objetivo de estos programas alternativos será favorecer el acceso a una educación de calidad a niñas y niños en zonas de difícil acceso, alta dispersión geográfica, territorios que hayan enfrentado desastres, incrementos significativos e inesperados de la demanda u otras condiciones excepcionales similares.
Regulación educación parvularia
El texto de la comisión mixta también establece que las nuevas iniciativas deberán contar con un proyecto educativo institucional pertinente y contextualizado territorialmente. Este, en todo caso, deberá resguardar los derechos y libertades garantizados por la Constitución y las leyes.
Así también deberá fomentar la formación integral de los niños y niñas, promoviendo el juego, los aprendizajes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes que les permitan alcanzar los objetivos generales de la educación parvularia.
La norma dispone, asimismo, que estarán sujetos a la fiscalización de la Superintendencia de Educación.
Por otro lado, adopta medidas para regular el registro de las y los niños en el sistema educativo. Para ello, la norma señala que la nueva matrícula en un establecimiento de educación parvularia que reciba aportes del Estado dejará sin efecto la matrícula anterior.
Debate
En el debate participaron las y los diputados Daniel Lilayu, Javiera Morales, Hotuiti Teao, Camila Rojas, Mónica Arce, Marisela Santibáñez, Yovana Ahumada, Héctor Barría, Miguel Ángel Calisto, Jaime Araya, Héctor Ulloa y Agustín Romero.
Desde las distintas bancadas se valoró el avance de la norma así como las medidas para evitar la duplicidad de matrículas. Sin embargo, aún se plantearon observaciones por las limitaciones de la propuesta.
Entre los puntos destacados, se advirtió sobre la necesidad de una distribución clara de recursos, ya que el proyecto no especifica cómo se apoyará financieramente a jardines infantiles en zonas extremas o territorios insulares.
En el debate, además, se relevó el desafío demográfico que enfrenta el país, con una disminución sostenida de nacimientos. Frente a este escenario, parlamentarias enfatizaron que esto exige políticas públicas que reconozcan el valor de los cuidados y aseguren el acceso equitativo a la educación inicial.
Finalmente, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró el respaldo transversal a la propuesta y destacó su contribución a un sistema más justo e integrado. Enfatizó que el proyecto reconoce las particularidades territoriales y fortalece el rol del Estado en la regulación y subrayó que la educación parvularia es clave para el desarrollo integral desde los primeros años de vida.
Ahora el informe debe ser votado en el Senado para proceder a su despacho al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.
