La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara conoció la opinión de diversas organizaciones sobre el proyecto de ley de armonización de leyes de la niñez y adolescencia (boletín 15351).
Iniciativa del Gobierno busca concordar las leyes 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia; la 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados; con la Ley 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.
El Bloque por la Infancia, que es un conglomerado de ONG que trabajan por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), resaltó que solo 32 años después de ratificar la Convención de Derechos del Niño se logró tener una ley. Sin embargo, criticaron que aún no exista una protección universal de los menores.
La representante de dicho grupo, Francis Valverde, consideró que las leyes que crean el Servicio de Protección Especializada y que regulan el sistema de subvenciones son un avance. Pese a ello, lamentó que en la normativa sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia se quitara el rol de la sociedad civil. Ello, porque se eliminó el Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez.
Agregó que son las organizaciones quienes promovieron avanzar en la normativa y las que trabajan en forma directa con NNA y ejercen un rol colaborativo. Por otra parte, planteó que existe una débil intersectorialidad en la estructura del Estado en materia de protección. En tal plano, llamó a una participación efectiva de la comunidad.
Trabajar por la niñez
Jorge Martínez, de la Fundación Mi Casa, dijo que en la Ley 21302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada, se quebró el trabajo cooperativo entre ONG y el Estado. “La sociedad civil se convirtió en simples proveedores”, acotó.
En otra materia, dijo que está pendiente no condicionar, hasta los 21 años, el acompañamiento a jóvenes que cumplen 18 años en residencias. Y hasta los 24 años, si están estudiando.
Natalia Flores, de la Fundación Crea Equidad, dijo que las instituciones y organizaciones colaboradoras aportan en producción de conocimiento y en la ejecución de programas en línea con la protección especializada.
Añadió que, quedó fuera de la discusión, en el primer trámite, la experiencia de las organizaciones en el territorio y la especialización que poseen. Recordó que en la redacción quedó que podrá considerarse la experiencia anterior de las mismas y “no que deberá”. En tal plano, consideró la norma como “discrecional”.
Las diputadas Viviana Delgado, Yovana Ahumada y Claudia Mix coincidieron en la dedicada labor de las organizaciones civiles y pidieron al Ejecutivo reconsiderar su participación en la toma de decisiones. La subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, en tanto, se comprometió a revisar el tema. Igualmente, lo referente al acompañamiento a los jóvenes, que no contó con indicaciones en su tramitación en el Senado.
Guarderías infantiles
En una segunda sección de la comisión, se continuó con la tramitación del proyecto (boletín 16379) que establece requisitos para otorgar patente municipal a guarderías infantiles. Sobre el punto expuso el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz.
Cabe recordar que la propuesta, iniciada en moción, contó con el respaldo del Ejecutivo para regular esta forma de cuidado infantil.
Muñoz manifestó su acuerdo con la iniciativa. Dijo que Estación Central presenta un aumento exponencial de habitantes, con numerosos edificios en altura y aumento de la migración irregular. Así, verificó que, hace muchos años, existen guarderías ilegales. Incluso, alertó, murió un lactante menor de un año en una de ellas, pese a que allí se cuidaba a menores por más de una década.
Comentó que en los edificios existen guarderías ilegales que no cumplen adecuadamente con medidas de resguardo. “Hay niños que permanecen en closet en departamentos de 17, 21 y 24 metros cuadrados. Además, juegan en los estacionamientos y sin luz”, afirmó.
Muñoz agregó que en su comuna faltan, por lo menos, diez jardines infantiles. La lista de espera, acotó, llega a un 200%. Por ello, el edil consideró que la municipalidad puede autorizar y fiscalizar patentes comerciales, pero estimó que se deben considerar requisitos de sostenibilidad e infraestructura, económicos, competencias técnicas y profesionales. También individualizar al responsable.
La subsecretaria de la Niñez compartió dichos puntos. Señaló que existe diversidad en la modalidad de guarderías y no un modelo único. “Se deben cubrir necesidades en todo el país, tanto en zonas urbanas, periurbanas y rurales”, sostuvo.
La comisión acordó recoger la experiencia comparada y revisar que ocurre en otros países. Para esto, la Subsecretaría presentará un estudio al igual que la Biblioteca de Congreso Nacional.
