Analizar el crimen organizado y el uso del deporte como contexto de organización criminal fue el objetivo de la subcomisión de Crimen Organizado de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Esto a raíz de los graves incidentes en el fallido encuentro entre Colo Colo y Fortaleza por la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Para esto, la instancia recibió al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; al ministro del Deporte, Jaime Pizarro; al presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad; al director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Ignacio Castillo y al director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general inspetor Rodrigo Espinoza.
A solicitud del ministro Cordero, por las características de las materias tratadas, la instancia fue declarada secreta. Sin embargo, previamente, el representante del ministerio público expuso sobre los desafíos de la institución para enfrentar estos delitos.
Reformas legislativas
En primer lugar, señaló que cada vez que un evento se define de categoría A en cuanto a su riesgo, la Fiscalía dispone la presencia de un fiscal. Esto permite que se coordinen las diligencias necesarias de forma más rápida. Tal como ocurrió en los hechos del estadio Monumental, que cobraron la vida de dos personas.
Estas medidas permiten, a su vez, mejorar la posterior identificación de quienes cometen hechos delictuales en esta clase de eventos.
Ignacio Castillo también se refirió a la posibilidad de modificar la Ley de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional. Principalmente, en lo relativo al ingreso de objetos prohibidos a los estadios, así como el intento de ingresos masivos no autorizados. Para esto, señaló la necesidad de incorporar el uso de nuevas tecnologías para prevenir y detectar esta clase de conductas delictivas.
Otro punto que destacó es la necesidad de poner especial atención al vínculo entre las apuestas en línea y la penetración del crimen organizado. Esto sobre la base de la experiencia comparada con otros países con el mismo fenómeno. Sin embargo, señaló que esta materia se trataría en mayor profundidad en la sesión secreta.
Comisión de Deportes
Otra instancia que también analizó esta materia fue la Comisión de Deportes. La instancia también había invitado al ministro Cordero. Sin embargo, la autoridad comprometió su participación para la próxima semana. A su vez, el alcalde de Macul, Eduardo Espinosa se excusó porque la sesión coincidía con el Concejo Municipal.
Por otro lado, la instancia había invitado al delegado presidencial de la Región Metropolitana de Santiago, Gonzalo Durán, quien también se excusó. Esta situación generó molestia entre las y los integrantes de la comisión. Incluso, el diputado Roberto Arroyo señaló que da pie a una acusación constitucional en su contra.
Del mismo modo, la ausencia del presidente de la ANFP, Pablo Milad, también provocó la crítica parlamentaria. Ante esto se relevó la necesidad de promover una reforma constitucional para que los representantes de organismos privados que tratan materias de interés público también estén obligados a concurrir a las comisiones cuando se requiera.
Dirigente Colo Colo
Quien sí concurrió a la comisión fue el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares. El dirigente expresó la consternación institucional por los hechos y señaló que el club está en duelo. Por esto, recalcó que lo más importante es la vida de las personas e informó que se ha ofrecido apoyo psicológico y legal a las familias.
Desde su perspectiva, estos hechos exigen una revisión completa de la institucionalidad. Para esto, señaló que es fundamental incluir a los clubes sociales ya que es necesario un trabajo multisectorial con enfoque preventivo. Finalmente, llamó a actuar con urgencia para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse.
Nuevas políticas deportivas
Por su parte, el académico de la Universidad de Chile, Rodrigo Soto, advirtió que el Estado ha sido ineficaz para enfrentar los problemas de seguridad en el deporte nacional. Señaló que, durante años, se ha optado por “mirar hacia el lado” frente a las barras, como si “ignorarlas hiciera desaparecer el conflicto”.
Frente a este escenario, propuso transparentar los vínculos entre los clubes y barras, y establecer mecanismos para enfrentarla y regularla con corresponsabilidad. Indicó que es necesario iluminar esa conexión, no para sancionarla, sino para construir políticas efectivas.
Finalmente, planteó avanzar hacia una gobernanza colaborativa que permita comprender el fenómeno en profundidad y desde una perspectiva nacional. Sobre esto, relevó la necesidad de realizar un diagnóstico claro de cómo se expresa el problema de seguridad en eventos deportivos nacionales. Advirtió que esta carencia impide desarrollar políticas adecuadas.
Así también, propuso crear una mesa nacional por la seguridad deportiva, liderada por el Ministerio de Seguridad y con participación del Ministerio del Deporte y otros organismos. Esta instancia debería contar con mandato claro, plazos definidos y objetivos concretos para una nueva política en la materia.
