La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural abordó la implementación del artículo 12 de la ley N° 21.489. Esta legislación tiene como objetivo principal proteger la actividad apícola frente a la aplicación de plaguicidas. La sesión contó con la participación del director (s) del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Rodrigo Sotomayor, la ingeniera agrónoma Karina Buzzetti, además de representantes del sector agrícola.
Cabe precisar que el citado artículo establece que el SAG puede regular, restringir o prohibir el uso de plaguicidas, tomando en cuenta impactos técnicos y sanitarios en la actividad apícola. Por esta razón, es fundamental que los apicultores sean informados sobre actividades que puedan afectar a sus colmenas.
La normativa exige que se realice un aviso previo a los apicultores cuando se aplique un plaguicida que potencialmente sea tóxico para las abejas. Para ello, el SAG establecerá protocolos técnicos que definan el área de influencia y los tiempos de anticipación necesarios. Adicionalmente, el aviso debe ser comunicado con al menos 48 horas de anticipación, para asegurar que los apicultores tengan tiempo suficiente para resguardar sus colmenas.
Impactos de la normativa
Desde el sector agrícola se expresó la preocupación sobre los impactos económicos y sociales que la norma vigente podría generar. En especial, respecto del aviso de uso de plaguicidas, lo cual representa el mayor problema para los agricultores. Así, en ese marco, la agrónoma Karina Buzzetti remarcó la falta de conectividad en zonas rurales que dificulta la comunicación efectiva entre agricultores, apicultores y el SAG.
En paralelo, Diego Montenegro, de la Asociación de Agricultores Unidos, destacó la importancia de las buenas prácticas agrícolas, pero también pidió que se brinde capacitación sobre el uso de plaguicidas. Señaló que el aviso previo podría complicar la labor de los agricultores, quienes ya enfrentan numerosas regulaciones.
Las y los parlamentarios e invitados también abordaron la resolución exenta 243 del SAG, que entrará en vigencia en enero de 2026, la cual determina obligaciones para la compraventa, almacenaje, manipulación y aplicación de plaguicidas de uso agrícola en Chile.
El diputado Benjamín Moreno propuso que la norma se deje sin efecto y enfatizó “que es impracticable porque no hay señal o conectividad en las zonas rurales”.
La diputada Paula Labra también abordó lo complejo de la resolución “porque lo hace extensivo a todos los predios rurales”. La diputada enfatizó que no hubo un diálogo previo. En ese sentido llamó a escuchar a los conocedores, “a los que llevan a la práctica la agricultura”, ya que genera angustia y problemas en el mundo agrícola.
Sobre el cuestionamiento, el director (s) del SAG reafirmó que el aviso es importante pero que por ahora se puede posponer y continuar con el resto de la aplicación de la norma.
