Un amplio apoyo entregó esta semana el Gobierno a la moción (boletín 16379) que impulsa la diputada Alejandra Placencia, junto a otras ocho legisladoras, que establece requisitos para otorgar patente municipal a guarderías infantiles. La propuesta se revisa en la Comisión de Desarrollo Social y cuenta con calificación de urgencia simple (30 días para el trámite).
La ministra de Desarrollo Social, Javera Toro, expresó que la voluntad del Gobierno es que haya una mejor regulación sobre este tema. Recordó que el cuidado infantil es una preocupación de esta administración y entra en la lógica del Sistema de Apoyos y Cuidados. Además, favorece la incorporación laboral de las mujeres.
Planteó que, ante la falta de regulación o de la dispersión de las normas existentes, se justifica la tramitación de este proyecto. Así, se avanzará en una formalización de este sector, atendiendo una necesidad real.
En todo caso, dijo que será necesario implementar diversas mejoras a la propuesta, por ejemplo, para hacer una distinción clara entre servicios pagados y gratuitos. También, para evitar que se confundan con objetivos educativos. Junto a esto, para perfeccionar el instrumento que regula a los servicios de cuidado infantil.
Estudios sobre guarderías infantiles
La subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, confirmó que existe falta de información sobre cuáles son los servicios que existen, sus características y los parámetros que utilizan, en términos de equipamiento, pero también del personal y las actividades que se desarrollan ahí.
En este marco, comentó que la cartera está concretando diversos estudios con vistas a las indicaciones que se presentarán al proyecto.
“Una de las conclusiones a las que hemos llegado, a propósito de un estudio que desarrollamos, es la necesidad de flexibilidad que tienen que tener los servicios de cuidado para los niños. Entendiendo que la flexibilidad tiene que ver con los horarios, con las modalidades y, ojalá, con cierta cercanía a los espacios laborales o residenciales. También aparece necesario que, si hay ciertos estándares o parámetros de cuidado, a través de indicaciones técnicas o regulaciones, que tengan una cierta equivalencia entre los privados y servicios públicos”, planteó.
Alertó que existe una amplia variabilidad de mecanismos y reglas que las municipalidades utilizan para la aprobación de patentes y montos. Asimismo, no existe un criterio unificado y certero respecto de cómo catalogar esta actividad económica. De ahí que Impuestos Internos identificó 915 rut en sus registros asociados, por ejemplo, a “Guardería infantil”, “After school” y “Cuidado infantil”. Todos ellos se catalogan como Enseñanza, aunque no se vinculan a un proyecto educativo.
Indicó que también se ha conversado con la Subsecretaría de Educación Parvularia. Dijo que existe coincidencia en enfatizar la complementaridad de los servicios de cuidado respecto de los que realizan actividad educativa. Igualmente, que no se aboquen solo a niños y niñas pequeñas, sino que lleguen hasta los 12 o 13 años.
Visión de las y los diputados
Alejandra Placencia relevó la necesidad de avanzar en esta materia, por lo que agradeció el apoyo dado por el Gobierno. Estimó que regular las guarderías infantiles es una necesidad que se expresa desde los distritos que representan. “Sabemos que el cuidado infantil complementario hoy en día existe y, lamentablemente, no tiene una reglamentación adecuada”, sentenció.
En el debate, Hotuiti Teao y Juan Carlos Beltrán solicitaron al Ejecutivo que entregue la información segmentada por regiones. La idea es tener una mirada de cómo está la situación de las guarderías infantiles en cada región y las exigencias que ponen los municipios respectivos para otorgar las patentes.
La presidenta accidental, Claudia Mix, remarcó la necesidad de tratar el texto con celeridad, dada su importancia y la urgencia definida por el Gobierno. En dicho marco, definió con la comisión un plazo para proponer invitados y, luego, proceder a votar la propuesta legal.
Cabe mencionar que, en un segundo segmento, el grupo parlamentario continuó con la tramitación de otro proyecto de ley. En este caso, se trata una norma (boletín 15351) impulsada por el Ejecutivo y que se encuentra en segundo trámite constitucional.
Específicamente, busca armonizar las leyes 21.302, que Crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y la 20.032, que Regula el Régimen de Aportes Financieros del Estado a los Colaboradores Acreditados, con la Ley 21.430, Sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
Para su tratamiento hicieron una presentación la ministra Toro y la subsecretaria Silva.
