De acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) de 2023, en Chile, existe cerca de un 18,4% de personas mayores. Un porcentaje que aumentará de acuerdo a los primeros resultados del Censo que alertan sobre el envejecimiento de la población. En la misma línea, la Séptima Encuesta de Inclusión y Exclusión Social de las Personas Mayores señala que un 81,5% de chilenos y chilenas mayores de 18 años considera que el país se encuentra poco o nada preparado para el envejecimiento de su población.
En dicho escenario, la Comisión de Hacienda continuó con la tramitación del proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores (boletines 13822, 12451 y 12452). La norma, previamente analizada por la Comisión de Personas Mayores, establece la promoción derechos y protección integral de esta población. Junto a esto, considera un fortalecimiento del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama). Además, regula el abandono social y establece un nuevo procedimiento judicial para estos casos.
Aumento de personal
En cuanto a su informe financiero, la ministra Toro señaló que la inversión se destinará al fortalecimiento de tres instituciones claves: El Senama, la Corporación de Asistencia Judicial y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Esto implicará un monto cercano a los $2.560 millones de pesos, en régimen.
En cuanto al Senama, los recursos se destinarán a la creación del cargo de subdirector nacional. Además, se consignan cargos de jefes de administración y finanzas en las direcciones regionales y la transformación de los coordinadores de regiones en directores.
En el caso del fortalecimiento de la Corporación de Asistencia Judicial, se pretende financiar 12 nuevos abogados y 6 nuevos asistentes sociales. La idea es que se enfoquen exclusivamente en las causas de abandono social.
Finalmente, en el INDH se considera el aumento de 19 profesionales que se encargarán de la promoción y difusión de los derechos de las personas mayores. Para esto, la ministra señaló que repondrán la indicación que establece que esta institución será la encargada de esta tarea. Esto, porque la norma fue eliminada durante el debate legislativo.
Discrepancias en la Ley Integral de Personas Mayores
Tras la presentación de la ministra, algunos diputados planearon sus reparos a que gran parte de los recursos sean destinados al fortalecimiento de instituciones. Y, sobre todo, que se haga a través del aumento de contrataciones y no en programas en beneficio de las y los adultos mayores.
Frente a ello, la ministra señaló que el proyecto incorpora un catálogo de derechos que necesita una institucionalidad para que no solo sean declarativos. También enfatizó que la iniciativa no propone nuevas instituciones, como se establecía en los proyectos originales, sino que solo fortalecer las existentes.
Por otro lado, diputados destacaron que más del 70% de las y los adultos mayores son autovalentes. De tal modo, extrañaron la inclusión de medidas que motiven a que se mantengan activos laboralmente, sobre todo ante la baja de la natalidad en el país.
Además, plantearon que la norma debería considerar, por ejemplo, la ampliación de establecimientos de larga estadía de adultos mayores o de residencias tuteladas. Igualmente, programas de fomento al turismo para esta población.
Entre quienes valoraron la norma destacaron que el proyecto viene de una moción del Senado, acogida por el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera y, posteriormente, por el del Presidente Gabriel Boric. Por lo tanto, se construye sobre la base de ideas diversas que permiten dar repuesta a diferentes demandas y necesidades.
El objetivo de la comisión es despachar el proyecto a la brevedad para que, incluso, pueda debatirse en la Sala de la Sala la semana siguiente.
