A una semana de la entrada en vigencia del Ministerio de Seguridad Pública, Luis Cordero expuso sobre la instalación de la nueva cartera a su cargo. Ante la Comisión de Seguridad Ciudadana destacó que, si bien el Gobierno pudo haber postergado el proceso para la futura administración, la voluntad fue iniciarlo de forma inmediata y operativa.
La autoridad relató, en términos generales, las medidas administrativas tomadas para la puesta en marcha del nuevo ministerio. Por ejemplo, la definición de su ubicación, el desarrollo de los respectivos decretos con fuerza de ley y el proceso de traspaso de personal. Esto permitió que la cartera pudiera comenzar sus operaciones formalmente el 1 de abril.
Del mismo modo, señaló que las cuentas presupuestarias de la nueva cartera solo pudieron utilizarse desde el 1 de abril. Esto condicionó decisiones administrativas, como la designación de las secretarías regionales ministeriales.
Sobre dicho punto, explicó que, para garantizar la continuidad del trabajo regional, se optó por la subrogancia a través de las seremis de Justicia. Al respecto, parlamentarios manifestaron su preocupación, ya que existen autoridades que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Estos son tener, al menos, tres años de experiencia en materias de seguridad o, en su defecto, al menos seis años de experiencia profesional comprobada.
En respuesta, el ministro explicó los casos particulares en los que se dan estas circunstancias. Junto a esto, solicitó a las y los diputados que los cuestionamientos se realicen una vez que las y los seremis sean efectivamente nombrados.
Desafíos del Ministerio de Seguridad Pública
Entre los principales desafíos, el ministro de Seguridad Pública destacó la necesidad de respetar el propósito del Congreso, tras la aprobación de la creación de la cartera. Esto es que la institución cuente con equipos técnicos y autoridades con experiencia para evitar vacíos institucionales. Del mismo modo, se deben evitar conflictos entre autoridades, entendiendo que se deben traspasar atribuciones desde el Ministerio del Interior.
Cordero también enfatizó que, para esta nueva institucionalidad, no existe una marcha blanca. En esta misma línea, adelantó que esperan que el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana sea presentado en junio. En él se establecerán nuevos mecanismos de coordinación.
Asimismo, señaló que pretenden que el Centro de Coordinación Policial comience su funcionamiento durante el segundo semestre de 2025. Igualmente, se aspira a diseñar un reglamento que unifique los mecanismos de transferencia de información, fundamentales para construir políticas públicas basadas en evidencia.
Respecto a la dotación del nuevo ministerio, Cordero explicó que se estiman cerca de 800 personas a nivel nacional. Pero, de estas, cerca de 500 provienen del Ministerio del Interior junto a otro porcentaje de otras reparticiones del Estado. Por esto, aclaró que no se trata de nuevos cargos, sino de un traspaso funcional que permite contar con personal experimentado desde el inicio.
Finalmente, sostuvo que es necesario no dejarse llevar por la contingencia mientras se consolida la nueva institucionalidad. “No niego que la seguridad es un tema presente en cualquier elección”, señaló la autoridad, pero llamó a que esta instalación responda a una mirada de mediano y largo plazo.
Debate parlamentario
Tras la intervención del ministro, el diputado Diego Schalper planteó la necesidad de avanzar hacia una gestión policial de excelencia. Dijo que esperaba conocer una estrategia de seguridad más detallada y solicitó indicadores de medición en prevención, control del delito y persecución penal. Además, solicitó que se consideren con mayor peso las recomendaciones del Consejo Asesor en materia de seguridad.
El ministro respondió que Chile cuenta con una estrategia nacional de seguridad vigente. Asimismo, explicó que el nuevo ministerio permitirá formular políticas públicas sobre la base de evidencia. Esto exige mecanismos de evaluación permanente y cruzada.
Sobre el Consejo Asesor, aseguró que ha sido considerado y que algunas propuestas ya se han implementado. Respecto a su funcionamiento, confirmó que se han sostenido reuniones formales con registro de actas, las que se harían llegar a la instancia.
Por otro lado, el diputado Andrés Longton expresó su preocupación por la baja periodicidad de los datos sobre homicidios. Cuestionó la falta de coordinación entre distintas fuentes oficiales y señaló que no debe haber complacencia ante una supuesta estabilización de homicidios.
El ministro afirmó que no existe complacencia en el Ejecutivo ante el fenómeno de los homicidios. Junto a esto, explicó que la fórmula para la redacción del informe de homicidios fue definido en 2022 por el Estado de Chile. Detalló que su objetivo es homologar registros entre distintas instituciones públicas. Aclaró que el informe cruza datos de Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, el Servicio Médico Legal y el Registro Civil. Añadió que cada caso se revisa individualmente en carpetas investigativas y reiteró que requiere la validación de todas las entidades involucradas.
