Por 122 votos a favor y 5 abstenciones, la Sala visó en general el texto que faculta a los municipios para el retiro de cables aéreos en desuso (boletín 17.042). El texto se remitió nuevamente a la Comisión de Obras Públicas para discutir las indicaciones presentadas.
El texto, originado en una moción de la diputada Ana María Gazmuri, busca reponer la atribución que tenían los municipios para retirar cables en desuso a expensas de las empresas concesionarias.
Al respecto, la iniciativa dispone que si la empresa concesionaria no realiza el retiro del cableado en desuso dentro del plazo establecido en la Ley general de Telecomunicaciones, los municipios podrán retirar, trasladar u ordenar estos elementos a costa de las empresas.
Incluso, en caso de elementos que no sea posible determinar su propiedad, el municipio podrá notificar a todas las concesionarias y permisionarias autorizadas en la comuna la fecha en que ejecutará el retiro y los costos asociados. Las citadas empresas reembolsarán en partes iguales los gastos incurridos.
Responsabilidad de las empresas
El diputado René Alinco (IND) entregó a la Sala el informe de la Comisión de Obras Públicas.
Posteriormente, intervinieron Hernán Palma, Viviana Delgado, Chiara Barchiesi, Juan Carlos Beltrán, Daniel Lilayu; Ana María Bravo, Erika Olivera, Jorge Guzmán, Cristián Tapia, Felipe Camaño; Marcela Riquelme, Tomás Hirsch, Ximena Ossandón, Hotuiti Teao, Joanna Pérez; Marcos Ilabaca, Ana María Gazmuri, Leonidas Romero, Nelson Venegas y Marta Bravo. Igualmente, Miguel Ángel Calisto, Diego Schalper, María Candelaria Acevedo, Rubén Darío Oyarzo; Héctor Barría, Henry Leal, Hugo Rey, Johannes Kaiser, Agustín Romero; Karen Medina, Natalia Romero, Miguel Mellado y Víctor Alejandro Pino.
En tanto, en la segunda sesión de discusión hablaron Félix González, Matías Ramírez, Felipe Donoso, Héctor Ulloa, Carolina Tello; Bernardo Berger, Daniela Serrano, Andrés Celis, Alejandro Bernales, Gastón Von Mühlenbrock; Renzo Trisotti, Carla Morales y Fernando Bórquez.
En general, las y los legisladores valoraron la iniciativa porque la basura aérea contamina, es un riesgo para los vecinos y afecta el turismo en múltiples ciudades del país.
Asimismo, el proyecto es visto como una medida de equidad social, ya que el problema es mayor en comunas con menos recursos o sin ordenamiento territorial. En esa línea se planteó que el soterramiento debiese ser obligatorio en toda construcción nueva.
Además, enfatizaron la responsabilidad de las empresas y la gestión de los desechos que generan. Por ello, algunas voces críticas plantearon que la norma sobrecarga a los municipios sin dotarlos de recursos para ejecutar la tarea. De igual modo, se llamó la atención sobre la calificación técnica de quienes hagan este retiro.
Finalmente, se planteó que pese a las buenas intenciones es ineficaz aprobar proyectos de esta naturaleza si el gobierno no dicta a tiempo los reglamentos respectivos. Por ello, llamaron a perfeccionar el texto y poner el foco en la responsabilidad de las empresas.
