La Comisión investigadora del caso ProCultura aprobó el informe final presentado por los diputados Andrés Longton y José Miguel Castro.
El texto señala que, de los antecedentes recabados, se desprende un “posible modus operandi sistemático caracterizado por la asignación directa de fondos, una deficiente fiscalización administrativa, debilidades en los procedimientos internos de validación y supervisión de organismos técnicos”.
Entre sus conclusiones el documento agrega que la fundación ProCultura incurrió “reiteradamente en gastos no autorizados, no relacionados con los objetivos comprometidos en los convenios y en ocasiones sin sustento documental adecuado”.
El informe, además, evidencia que existe una compleja e intrincada red de empresas relacionadas directa o indirectamente con integrantes, cercanos o excolaboradores de ProCultura.
Cuestionamientos de probidad
Aquello “ha generado severas dudas y cuestionamientos sobre la transparencia y probidad en la administración de recursos públicos transferidos”, se sostiene en el informe.
En ese sentido, concluye que “el caso deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales”.
Igualmente, da cuenta de la insuficiente evaluación institucional que benefició a ProCultura; una serie de conflictos de interés, así como los graves vacíos en el sistema que permitieron la “entrega” irregular de fondos a la citada fundación.
El informe también hace observaciones al rol de algunos gobernadores regionales, como Claudio Orrego. Esto por promover e impulsar un proyecto (“Quédate”) que implicó una transferencia directa por algo más de 600 millones de pesos.
A ello se suma la responsabilidad del exsubsecretario de la Subdere, Miguel Crispi, “debido a su rol directo en la validación institucional de la fundación como entidad subejecutora”.
Propuestas de CEI ProCultura
En materia de propuestas, el informe de la CEI ProCultura plantea como indispensable impulsar iniciativas legislativas que aborden los temas de probidad y transparencia al interior de la administración pública.
Se suma potenciar a la Contraloría por medio de un aumento de recursos destinados a la contratación de personal dedicado a labores de fiscalización. También, la necesidad de robustecer el sistema de rendición de cuentas de distintas instituciones y reparticiones públicas.
Otro punto que el texto releva es en materia de auditorías. Así, la idea es que estas sean regulares y rigurosas. A esas solicitudes se suma el agilizar distintos procesos, especialmente ante casos como de posible corrupción o traspaso de recursos de forma indebida.
Cabe destacar que la fundación Procultura es también indagada por el Ministerio Público por un eventual fraude al fisco en convenios por cerca de 6 mil millones con diversas gobernaciones regionales.
