La Sala de la Cámara aprobó dos Solicitudes de Resolución durante la presente semana legislativa. Cabe recordar que las citadas resoluciones son presentadas por 1 a 10 diputadas y/o diputados, se aprueban por mayoría de los legisladores presentes en Sala, y tienen como objetivo sugerir observaciones o peticiones al Ejecutivo.
En ese marco, por 69 votos a favor, 37 en contra y 6 abstenciones, la Sala aprobó la Solicitud 1397, presentada por la diputada Camila Flores, que solicita al Presidente de la República otorgar mecanismos de reparación para aquellos funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad y Fuerzas Armadas que se vieron afectados en el marco del, según la autora de la moción, “estallido delictual” de 2019.
En sus fundamentos, la resolución cita cifras entregadas por Carabineros, que señalan que entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, se reportaron 4.817 funcionarios heridos. La mayoría de los casos con lesiones de carácter leve (4112 casos), seguido de lesiones menos grave (405), grave (263) y otras de carácter reservado.
Además, sostiene que los citados desórdenes iniciados en octubre de 2019 generaron un debilitamiento de la democracia, de la institucionalidad y del Estado de Derecho, y que los funcionarios afectados solo cumplían el deber encomendado de resguardar el orden público.
Trabajo en beneficio del Estado
En segundo lugar, las y los diputados también aprobaron la Solicitud de Resolución 1398, ingresada por el diputado Roberto Arroyo. En ella se pide al Primer Mandatario realizar todas las gestiones legislativas y/o administrativas necesarias para que las personas privadas de libertad, ya sea en prisión preventiva o en cumplimiento de una condena, deban trabajar en beneficio del Estado.
El documento plantea que, “no escapa a la más mínima lógica pensar que aquellas personas que se encuentran en recintos penitenciarios, cumpliendo prisiones preventivas o derechamente cumpliendo condenas, puedan desarrollar alguna actividad laboral y/o económica que les permita ayudar a los costos de su propia mantención”.
Al respecto, se indica que según el Ministerio de Justicia, el costo promedio de mantener a un interno en prisión supera los $600.000 mensuales por persona. Por ello, implementar programas de trabajo podría aliviar significativamente esta carga económica.
Lo anterior, agrega, permitiría redirigir recursos en favor de las personas más vulnerables de nuestra sociedad “y que han decidió vivir a la ley y no delinquir”.
La resolución se aprobó con 88 votos a favor, 18 en contra y 15 abstenciones.
