Conocer las medidas adoptadas por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), tras el apagón que afectó a gran parte del país, fue la convocatoria de la Comisión de Economía en su última sesión. Para dicho análisis, el grupo parlamentario contó con el director de la entidad, Andrés Herrera.
En su presentación, Herrera detalló que el organismo recibió más de 13.000 reclamos. De estos, 9.791 están dirigidos contra compañías eléctricas. Comentó que los principales problemas denunciados por los consumidores incluyen:
- Daños a electrodomésticos y pérdida de alimentos y medicamentos.
- Afectaciones a teletrabajadores que no pudieron cumplir con sus labores debido a la interrupción del servicio.
- Falta de información sobre las causas y responsabilidades del corte de energía.
Informó que, para facilitar los reclamos, el Sernac habilitó un “proveedor genérico” en su plataforma. Esto permite que los consumidores puedan ingresar denuncias sin necesidad de identificar de inmediato a la empresa responsable.
Dijo que, además, el servicio está recopilando información para cuantificar los daños. Esto incluye la afectación de servicios esenciales, como telecomunicaciones y transporte, que también se vieron interrumpidos debido al apagón.
Demandas colectivas del Sernac
El director del Sernac comunicó que, en respuesta a los antecedentes recopilados, se presentó demandas colectivas contra las empresas transmisoras Transelec e Interchile. En lo principal, se les responsabilizó por la interrupción del suministro.
No obstante lo anterior, parlamentarios como la diputada Daniella Cicardini cuestionaron dicha estrategia. Argumentaron que las acciones legales también deberían dirigirse contra las empresas distribuidoras, que son las que tienen contacto directo con los consumidores.
La respuesta de Herrera fue que no habían suficiente antecedentes para comenzar una demanda contra las distribuidoras, pero que, a medida que haya más información, no se descarta tal posibilidad.
El diputado Christian Matheson expresó su preocupación por la falta de claridad sobre las responsabilidades exactas en la falla del sistema eléctrico. Asimismo, advirtió que esto podría dificultar la obtención de compensaciones efectivas para los afectados.
Desde el servicio recordaron que en los apagones ocurridos en mayo y agosto de 2024, las gestiones del servicio lograron compensaciones por casi $20.000 millones a los consumidores afectados. Así, estimaron que este precedente podría influir en la estrategia actual y en la forma en que se determinen las compensaciones futuras.
La diputada Sofía Cid, en tanto, preguntó sobre las personas que no realizaron reclamos. Sobre el punto, el director del Sernac respondió que también podrían beneficiarse de acuerdos colectivos, lo que amplía el alcance de las eventuales compensaciones.
Finalmente, se aseguró que seguirá recabando información y que, si aparecen nuevos antecedentes, no se descartan nuevas acciones legales contra otras empresas del sector eléctrico.
Sobre este tema, la comisión acordó supervisar la evolución de las acciones del Sernac. De igual modo, monitorear las compensaciones que se puedan obtener para los consumidores.
Crisis económica en La Higuera
En una segunda parte de la sesión, la comisión analizó la crisis socioeconómica de La Higuera. Para este punto expuso Andrea Flores, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de esta comuna de la región de Coquimbo.
Según especificó, en esta comuna se registra un 40,2% de pobreza, el doble del promedio regional. Según datos de la Encuesta Casen, muchas familias viven sin acceso a servicios básicos ni oportunidades de empleo sostenible.
Entre los principales problemas identificados, se destacan:
- Falta de acceso a agua potable: Solo 1.111 de los 4.500 habitantes cuentan con suministro de red pública.
- Infraestructura insuficiente: La comuna dispone de un Cesfam, tres postas rurales, un liceo y tres colegios básicos, lo que dificulta el acceso a salud y educación de calidad.
- Pesca artesanal en riesgo: La falta de infraestructura adecuada y normativas restrictivas limitan la comercialización directa de los productos del mar, afectando los ingresos de los pescadores locales.
Además de estos problemas estructurales, Flores denunció que la planificación de la inversión de $92.000 millones anunciada por el Gobierno, en enero de 2024, no incluyó la participación de todas las organizaciones sociales y productivas de la comuna, dejando fuera a actores clave en la toma de decisiones.
Adicionalmente, acusó irregularidades en el uso de fondos públicos, en particular en el programa “Aceleración de Comunidades Costeras”. Según planteó, de un total de $410.800.000, solo $60.000.000 llegaron directamente a la comunidad. El resto, acotó, se gastó en consultorías, talleres virtuales y gastos administrativos. De ahí que la Contraloría habría exigido la restitución de $171.166.666, debido a incumplimientos detectados en la ejecución del programa.
En relación con la pesca artesanal, se advirtió que, además de la falta de infraestructura, los pescadores enfrentan un monopolio en la comercialización y restricciones impuestas por el Sernapesca. Esto impide vender sus productos directamente. También se mencionó que la Ley de Caletas, diseñada para regularizar y fortalecer la actividad pesquera en estas zonas, no ha podido aplicarse correctamente, dejando a muchas comunidades sin respaldo legal para desarrollar su trabajo.
Ante esta situación, la Comisión de Economía acordó evaluar una visita a La Higuera, para conocer de primera mano la situación de la comuna y analizar soluciones concretas. También, dar seguimiento a la ejecución de los fondos públicos, especialmente en el programa “Aceleración de Comunidades Costeras”.
