En el marco del análisis de la Acusación Constitucional en contra de la exministra de Defensa Maya Fernández, rechazada por la Sala de Cámara, diputadas y diputados expusieron sus fundamentos para aprobar o rechazar su admisibilidad.
En primer término expuso el presidente de la Comisión encargada de revisar la acusación, diputado Jaime Naranjo, quien reiteró sus críticas contra quienes impulsaron la acusación contra la exministra Maya Fernández. Desde su perspectiva, su ausencia en las sesiones de la comisión evidenció la falta de fundamento del libelo, cuyo objetivo solo “era afectar la honra de la ministra”.
Además, puntualizó que la acusación confunde competencias constitucionales y cuestiona decisiones aprobadas por el Congreso.
Desde las bancadas del Partido Comunista, del Partido por la Democracia y del Frente Amplio recalcaron que la acusación responde más a un punto político y llamaron a rechazarla.
Así, Emilia Schneider remarcó que el contrato de compraventa de la casa en cuestión no se perfeccionó, y que se tomaron las medidas necesarias para evitar la transacción. De esta manera, señaló que la acusación responde a un objetivo político más que jurídico.
Lorena Pizarro acusó una intención de desprestigiar la figura del ex Presidente Salvador Allende y que se usó una herramienta excepcional con fines electorales. La diputada calificó la acusación como una muestra de populismo y falta de seriedad.
En tanto, Jorge Brito señaló que la Contraloría determinó que todo se ajustó a la legalidad, por lo que la acusación es innecesaria. Por ello hizo un llamado a rechazarla, a defender el Estado de Derecho y a evitar un regreso a la polarización y los crímenes políticos.
Marta González afirmó que el país debe resguardar su patrimonio y memoria de forma tangible. Explicó que en este caso existían fondos destinados a inversiones en esa línea. Pero, aunque reconoció que hubo un error grave, es excesivo impedir que Maya Fernández ejerza cargos públicos en el futuro.
“Sería un ensañamiento que no corresponde”, sostuvo. Una posición compartida por la diputada Camila Musante quien, además, llamó a ponderar las declaraciones vertidas por la Contralora general de la República.
A su vez, Diego Ibañez planteó que no es de la tesis que los parlamentarios deban restarse de presentar acusaciones. Pero, aclaró, estas deben tener argumentos jurídicos. Reiteró que se debe diferenciar entre las normas de orden público y las del Código Civil. “Esto no es un contrato entre privados”.
Además, que la Contraloría ratificó que no hubo perfeccionamiento del contrato, toma de razón, ni decreto que autorizara el traspaso de fondos. Y, puntualizó que el gobierno reconoció que hubo una desprolijidad.
Por último, en representación de la bancada DC, el diputado Héctor Barría precisó que no son parte de este gobierno. Pero, recalcó que la acusación no debe juzgar a una persona, sino sus actos como autoridad. Por esto, pidió actuar con apego a derecho y sin revanchismo.
El parlamentario recordó que la acusación busca la destitución del cargo, pero la exministra Fernández ya ha renunciado. Por lo tanto, “esta acusación carece de méritos y solo distrae de buscar acuerdos”, manifestó.
Prohibición expresa
Por su parte, las y los diputados de las bancadas de oposición que intervinieron a favor de esta acusación coincidieron en que hubo una clara infracción constitucional y que el contrato cuestionado se llevó a cabo.
En esa línea, Jorge Durán sostuvo que el artículo 37 bis es claro y no admite interpretación alguna. A su juicio no es posible que una autoridad se desdoble, ya que son autoridades 24 horas y decir lo contrario es faltar al intelecto de todos los chilenos. Agregó que espera sea una “advertencia a todos los funcionarios públicos de no mal utilizar su cargo”.
Álvaro Carter aseguró que hubo una violación a la Constitución Política y que lo que esperan los chilenos es que la ley sea respetada por todos. Además, cuestionó el proceso en torno a un negocio de mil millones de pesos.
Johannes Kaiser realizó referencias a las normas sobre contratos del Código Civil, para sostener que hubo consentimiento para la celebración del mismo. Agregó que bajo esas normas la exministra contrató con el Estado y, por ende, cometió una falta constitucional.
Hotuiti Teao criticó que el gobierno destinara recursos a la compra de una propiedad que beneficia directamente a la exministra Maya Fernández. Esto, mientras en la región de Valparaíso no hay plata para los centros hospitalarios o para los damnificados del mega incendio.
José Carlos Meza, por su parte, recordó que más de la mitad de los involucrados en esta fallida compra dejaron sus cargos. Y, que eso no se entiende si no hay nada malo o ninguna responsabilidad.
Sara Concha destacó la importancia de esta acusación por temas de transparencia y probidad. Dijo que si se falla en la fiscalización a quienes ocupan los más altos cargos del país “estaremos dejando que la impunidad y la mala gestión sigan debilitando nuestra democracia”.
Francisco Undurraga, aunque reconoció la disposición de la exministra de Defensa en su cargo, cuestionó la falta de rigor y desprolijidad en la operación. Añadió que la renuncia no borra la falta ni la exime de responsabilidad política. “La negligencia es evidente y flagrante”, dijo al anunciar su voto a favor.
Cristián Araya, en tanto, aseguró que, pese a la trayectoria y calidad humana de la exministra, no puede quedar impune violar abiertamente la Constitución. Enfatizó que presentaron este libelo desde la convicción que nadie puede quedar exento de cumplir la Constitución en un estado de derecho.
En la misma línea, Gustavo Benavente llamó a hacer valer el texto literal de la Constitución Política, el cual no es confuso al establecer la prohibición absoluta de determinadas autoridades de celebrar contratos con el Estado.
