Avanza proyecto que obliga a identificar a pasajeros en transporte interurbano

La Comisión de Seguridad Ciudadana inició la votación en particular del proyecto que busca tener un registro de los usuarios del transporte público terrestre interregional. Además, analizó otras dos iniciativas: la que dispone la inscripción provisoria de vehículos motorizados importados; y la que agrava la pena y agrega una nueva circunstancia en el delito de robo en lugar no habitado.

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La Comisión de Seguridad Ciudadana inició la votación en particular del proyecto (boletín 16703) que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros.

Durante la votación, la instancia respaldó una indicación del Ejecutivo referente a la confección de una nómina con la identidad de pasajeros.  

Así, se establece que en la venta de pasajes o boletos, las empresas de servicios interurbanos de transporte público de pasajeros deberán confeccionar una nómina con la identidad de todas las personas que transportan. Se deberá incluir nombre completo, número o rol de identificación, nacionalidad, el itinerario del servicio y otros requerimientos.

Para la confección de la nómina se deberá exigir la exhibición de un documento de identidad de la persona antes de abordar el bus. También cuando se aborde el bus interurbano en algún punto intermedio entre la ciudad de inicio y la de destino.

Identificación de pasajeros

El proyecto autoriza a la tripulación del vehículo de transporte para exigir la exhibición de la documentación que acredite la información contenida en el registro, con el sólo propósito de verificar que los datos incorporados en el pasaje coincidan con la documentación identificatoria.

Si el pasajero no exhibe la documentación requerida, no podrá abordar el bus correspondiente. A su vez, impone a las empresas la obligación de vincular el equipaje en bodega con el pasajero que lo transporte y de adoptar medidas de seguridad para proteger la integridad de los pasajeros durante el trayecto.

Asimismo, establece un sistema de sanciones previstas para la empresa, sus trabajadores y usuarios o pasajeros que incumplan las obligaciones del proyecto. Junto a esto, se entrega al juzgado de policía local de la comuna donde se inicie el servicio de transporte, la competencia para conocer de estas trasgresiones.

Inscripción de vehículos

La instancia legislativa también analizó el proyecto (boletín 17387) que dispone la inscripción provisoria de vehículos motorizados importados al país, así como la cancelación de su inscripción definitiva y placa patente única en caso de pérdida total.

La propuesta es de autoría de la diputada Gloria Naveillan. Igualmente la firman los parlamentarios Jaime Araya, Gonzalo De la Carrera, Johannes Kaiser, Andrés Longton y Diego Schalper.

La propuesta se enmarca en el fortalecimiento de las herramientas legales existentes para prevenir el fraude vehicular y proteger la fe pública en los registros estatales.

En el texto se señala que el cambio normativo no solo asegura la trazabilidad de los vehículos, sino que, además, contribuye a desincentivar el delito. Adicionalmente, garantiza la seguridad jurídica de los compradores y vendedores en el mercado automotor.

En la sesión expuso la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. Comentó que la iniciativa evita la clonación de vehículos y crea un nuevo de sistema de inscripción. Sin embargo, advirtió que ello “generaría gasto para el Estado“.

Gloria Naveillan, quien es también presidenta de la comisión, acordó invitar para la próxima sesión al Registro Civil, al Ministerio de Trasporte y Telecomunicaciones, al Ministerio Publico y a la Asociación de Aseguradores.

Delito de robo en lugar no habitado

A su vez, el grupo parlamentario abordó un proyecto (boletín 17170) que modifica el Código Penal. Su objetivo es agravar la pena y agregar una nueva circunstancia en el delito de robo en lugar no habitado.

Busca resolver la incoherencia que se suscita en el contexto de una crisis de criminalidad vigente, aumentando la pena aplicable al delito de robo en lugar no habitado, de presidio menor en su grado medio a máximo (541 días a 5 años). La idea es establecer una pena única de presidio menor en su grado máximo, es decir, partirá en los 3 años y 1 día.

Al mismo tiempo, propone consagrar como circunstancia del robo en lugar no habitado, ejercer fuerza en las cosas, ingresar al inmueble sin autorización del propietario y cuando el delito se cometa en zonas rurales.