Luego de exponer el fundamento de sus votos, los integrantes de la comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra la exministra de Defensa, Maya Fernández, acordaron recomendar a la Sala rechazar la acusación.
La acusación presentada por 10 diputados y diputadas de las bancadas de Chile Vamos, republicanos y del Partido Social Cristiano, plantea que Fernández infringió el artículo 37 bis de la Carta Magna al celebrar un contrato con el Estado, al participar en la compraventa de la casa del ex Presidente Salvador Allende, de la cual es propietaria en comunidad con otros miembros de la familia.
No obstante, por cuatro votos en contra y uno a favor, los diputados Jorge Durán, Jaime Naranjo, Alexis Sepúlveda, Leonardo Soto y la diputada Emilia Schneider consideraron que no se configuran las causales que sustentan acusar a la exautoridad de infringir la Constitución Política.
Ahora será la Sala de la Cámara la que deberá resolver si acoge la denominada cuestión previa, si se presenta, o aprobar o rechazar la acusación. Para ello, la sesión está citada para este miércoles 26 de marzo a partir de las 10 horas.
Error de competencia
Para el presidente de la instancia, Jaime Naranjo, la acusación adolece de un viso de competencia, ya que la Constitución atribuye al Tribunal Constitucional el mandato de establecer las inhabilidades en que incurren los ministros de Estado. Añadió que esa distribución de competencias no es casual y recordó que, en efecto, existen requerimientos presentados ante el TC por este caso.
Por ello, enfatizó que pretender que la Cámara asuma funciones reservadas al TC desdibuja el equilibrio de poderes. La diputada Schneider, a su vez, también recalcó que hay otras instancias, incluso al interior del propio Congreso, conociendo esta materia.
En los argumentos, también hubo críticas hacia las y los legisladores acusadores, porque no participaron en la comisión para sostener su presentación, ni asistieron los expertos convocados por ellos para tal fin. En ese sentido, plantearon que esto demuestra que solo se trató de hacer un punto político que hace perder tiempo a la Cámara.
De igual manera, Alexis Sepúlveda, reconoció que la fallida compra fue un tema complejo donde, sin duda, existe “una tremenda responsabilidad política”. Pero, agregó, el gobierno asumió esa responsabilidad política con la salida de dos ministras de Estado.
Contrato no se configuró
En línea con las exposiciones de los expertos constitucionales que acudieron a la comisión, los diputados que votaron por rechazar la acusación, remarcaron que no hubo infracción porque el contrato cuestionado no se perfeccionó y se dio marcha atrás en la compraventa.
Más aún, se sostuvo que los acusadores confunden normas al juzgar la concreción o no del contrato a la luz de las disposiciones civiles y no de la administración del Estado.
Además, Leonardo Soto expuso que el Congreso (Cámara y Senado) aprobó la compra del inmueble en la discusión de la Ley de Presupuestos 2025. En el mismo sentido, el diputado Naranjo afirmó que eso legitimó la operación.
Por último, que no se vislumbra un abuso de poder o aprovechamiento de la exministra en su calidad de tal.
Probidad
El voto a favor, en tanto, correspondió al diputado Jorge Durán. Este manifestó que existe una responsabilidad política ya que Fernández no podía no tener conocimiento de la prohibición que la afectaba. Además, recordó que el Gobierno decidió dejar sin efecto el contrato celebrado, de común acuerdo con las partes.
Finalmente, señaló que la acusación es también una herramienta para preservar la probidad y la transparencia. Por ello, aprobarla es entregar “un mensaje claro a la ciudadanía de que nadie está por sobre la ley”.
