Incorporar, dentro de la política nacional del deporte, planes y programas de implementación de protocolos y actuación de manejo básico de emergencias. Esta es la finalidad de un proyecto (boletín 15426) aprobado unánimemente por la Sala de la Cámara y despachado al Ejecutivo para su promulgación como ley.
El texto, revisado en tercer trámite, nació como una moción impulsada por el diputado Jorge Guzmán. También suscriben la propuesta Roberto Arroyo, Felipe Camaño, Andrés Celis, Daniel Manouchehri, José Carlos Meza, Erika Olivera, Marisela Santibáñez, Marco Antonio Sulantay y Cristián Tapia.
Tal como explicó Guzmán en el debate, la iniciativa surgió tras la muerte, en junio de 2022, de Pablo González, de 34 años. El jugador del Club Unión Figueroa, de Pencahue, perdió la vida durante un juego comunal en la región del Maule, cuando sufrió un paro cardiaco.
En la discusión también expusieron Erika Olivera, Marisela Santibáñez, María Luisa Cordero y Enrique Lee. Todos se manifestaron a favor de la iniciativa y resaltaron la necesidad de que las actividades deportivas cuenten con estos protocolos. Incluso algunos llamaron a ahondar en la prevención y exigir exámenes a los jugadores o competidores.
De los protocolos
El proyecto modifica la Ley 19.712, del Deporte. En este contexto, se especifica que los planes y programas de los distintos niveles de actividad deportiva deberán promover la prestación de servicios de capacitación e implementación de protocolos de actuación y manejo básico de emergencias. Esto, ante la ocurrencia de accidentes en el marco de actividades y competiciones deportivas.
Para lo anterior, se fomentará la colaboración de universidades cuerpos de bomberos y otras personas jurídicas que, por sus funciones u objetivos, puedan cooperar en la capacitación y desarrollo de estos protocolos.
Luego, define que las organizaciones superiores, sean éstas federaciones o asociaciones, deberán capacitar a las entidades que las integran e implementar protocolos de actuación y manejo básico de emergencias ante accidentes en actividades y competiciones deportivas. Corresponderá al Ministerio del Deporte proponer los protocolos respectivos. También, adoptar las medidas necesarias para asegurar su correcto cumplimiento.
Estado de excepción
La Sala de la Cámara, además, aprobó una nueva solicitud presidencial para extender el estado de excepción constitucional en la macrozona sur. El requerimiento contó con 96 votos a favor, 27 en contra y 9 abstenciones.
Entre los datos aportados, se informó que, desde el 18 de mayo de 2022 hasta el 12 de marzo de 2025, Carabineros reporta 602.624 controles. En el periodo, se ha concretado la detención de 1.288 personas en este contexto.
Hasta el 09 de marzo de 2025, se observa una disminución del 60% de los eventos de violencia rural, respecto del mismo periodo del 2024. El descenso llega a un 78%, en comparación con el 2021. Esta es la menor cifra de eventos de los últimos 9 años en la macrozona sur.
Los ataques incendiarios, robos y eventos de sustracción de madera son los delitos que más han disminuido respecto del 2024. Específicamente, los ataques incendiarios se redujeron un 49%. Los robos y los eventos de sustracción de madera, en tanto, disminuyeron 75 y 74%, respectivamente. En el 2025, las usurpaciones en la macrozona sur muestran una disminución del 47% en comparación al 2024 y son un 91% menores a las del 2021.
Expusieron en este debate Juan Carlos Beltrán, Henry Leal, Nathalie Castillo, Stephan Schubert, Joanna Pérez, Miguel Ángel Becker, Cristián Araya, Jorge Rathgeb y Miguel Mellado. Por el Ejecutivo participaron el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la ministra de Defensa, Adriana Delpiano.
La nueva prórroga de 30 días comenzará a regir partir del vencimiento del decreto vigente, que expira el 31 de marzo próximo.
