Tras no alcanzar el quórum constitucional exigido, la Sala de la Cámara rechazó el proyecto (boletín 11364) que establecía una inhabilidad para el ingreso a cargos públicos de familiares de autoridades. El texto, que modificaba la Ley 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, obtuvo 64 votos a favor, 23 en contra y 36 abstenciones, cuando se requería un mínimo de 77 votos favorables.
La propuesta, que ahora pasó a archivo, disponía la prohibición de ingreso a cargos de la administración del Estado a personas que “tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil, hijos o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad. Esto, cuando no cuenten con la idoneidad profesional acreditada para el cargo”. Apuntaba respecto del Presidente de la República, senadores/as, diputados/as, alcaldes/as, consejeros/as regionales, gobernadores/as regionales, delegados/as presidenciales regionales y provinciales, ministros y subsecretarios.
La excepción estaba dada respecto de aquellos cargos que son proveídos mediante el Sistema de Alta Dirección Pública regulados por la Ley 19.882.
Bases del proyecto
En sus fundamentos, el proyecto indica que, en Chile, no existe una regulación que impida los abusos en la designación a cargos públicos de personas con vínculos familiares con autoridades.
Por el contrario, se observa que el Sistema de Alta Dirección Pública ha sido un aporte, pero se estima insuficiente. Esto, porque faltaría, a juicio del mocionante, el exdiputado José Antonio Kast, exigir mayor preparación y neutralidad en el ejercicio de la función pública.
También, indica que aún quedan miles de cargos de confianza y designaciones en cargos a honorarios, a contrata e, incluso, de planta, sujetos al criterio exclusivo de las autoridades.
Debate
Durante el debate, las y los legisladores mostraron posturas opuestas. Por un lado, señalaron que es necesario que la administración pública está empañada por la mala gestión, debido a la contratación de personas sin ningún tipo de competencia
Asimismo, se planteó que es necesario que, al ingresar a la administración pública, los postulantes lo hagan vía “perfil de cargos”, comprobándose su idoneidad profesional.
Por otra parte, se estimó que es dificultoso pensar en cómo se va a determinar la idoneidad profesional acreditada que requiere la norma. También, hasta qué cargo se va a determinar esa calidad. Sostuvieron que cuando se ocupa un criterio subjetivo, se genera una relación de controversia a priori.
Además, se argumentó que se requiere analizar con mayor profundidad esta iniciativa. Paralelamente, se estimó que esta propuesta es discriminatoria y abusiva y que puede cercenar las carreras a profesionales talentosos.
En la discusión intervinieron Bernardo Berger, Gonzalo Winter, José Carlos Meza, Felipe Camaño, Jorge Rathgeb, Paula Labra, Daniel Lilayu, Agustín Romero, Sergio Bobadilla, Marta Bravo, Diego Schalper, Cristián Araya, Consuelo Veloso, Andrés Jouannet, Félix González, Luis Sánchez, Nelson Venegas y Miguel Ángel Becker.
