Contrato para salvavidas entre los temas que abordaron las comisiones

Junto al contrato para salvavidas, las comisiones también analizaron un régimen tributario especial para feriantes y la protección de los defensores del medioambiente.

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Contrato para salvavidas entre los temas que abordaron las comisiones

La Comisión de Trabajo inició el estudio del proyecto (boletín 16652)  que crea un contrato de trabajo para salvavidas. El texto busca contar con contratos especiales que definan con claridad los derechos y deberes específicos de quienes se desempeñan como salvavidas y de sus respectivos empleadores.

El diputado Luis Alberto Cuello, autor de la moción y presidente de la comisión, explicó que la iniciativa se gestó tras conversaciones con trabajadores del gremio de la región de Valparaíso.

En específico, la propuesta incorpora el contrato laboral de salvavidas en el Código del Trabajo. Apunta a trabajadores y trabajadoras, bajo dependencia o subordinación, que se desempeñan en playas de mar, ríos, lagos, embalses y piscinas. Se entiende que refiere a personas naturales que se dediquen al servicio de prevenir los accidentes y salvaguardar la vida de quienes acuden a las áreas de baño público.

Requisitos para salvavidas

Entre otros puntos, la propuesta exige a las y los trabajadores que se desempeñen como salvavidas contar con matrícula vigente. Esta debe ser otorgada por la autoridad marítima competente, que certifique su capacitación en las labores propias de esta función.

El contrato de trabajo tendrá una duración mínima de tres meses o por la temporada estival, cuando ella tuviese una duración superior a los tres meses.

Ferias libres

Avanzar en mayor formalidad, seguridad e información respecto del sector de las ferias libres son algunos de los objetivos del proyecto (boletín 17040) que aprobó la Comisión de Hacienda y despachó a la Sala.

El proyecto establece un impuesto sobre las transacciones de ventas que se efectúen en ferias libres. Esta tasa será de un 1,5%. La suma de esta tasa más la comisión de servicio del operador de medio de pago no podrá ser superior a un 3,5% de las ventas de estos contribuyentes.

Este gravamen sustituirá el impuesto a las ventas y servicios. Serán contribuyentes de este gravamen los comerciantes de ferias libres (“feriantes”) que estén en el registro que para tales efectos llevará la municipalidad respectiva.

La base imponible de este impuesto sustitutivo corresponderá a las transacciones de venta que realicen los feriantes a través de medios de pago electrónico que garanticen la trazabilidad de las operaciones. Para ello, el Servicio de Impuestos Internos (SII) autorizará a los operadores que puedan ofrecer este servicio, manteniendo un listado público de aquellos.

En la oportunidad expusieron representantes de ferias libres de Pudahuel Sur y La Serena. En sus intervenciones, expresaron dudas y cuestionamientos al nuevo régimen especial. Estimaron que no es un beneficio, en tanto se debe competir de forma desleal con el comercio informal.

Pidieron un periodo de marcha blanca y capacitaciones para el uso de medios electrónicos y mayor fiscalización a los informalizados. También llamaron a que se elimine la restricción por fuente de ingresos y se explique el tributo diferenciado según medio de pago.

El presidente de la comisión, diputado Carlos Bianchi, confirmó que la iniciativa contempla una marcha blanca de tres meses, una vez publicada la ley. Además, comentó que se espera una mayor rigurosidad en la fiscalización desde el SII y que, quienes no cumplan con las normas del régimen, deberán pagar un impuesto mayor. De ahí el beneficio, acotó.

Protección a defensores medioambientales

En otro ámbito, la Comisión de Medioambiente aprobó, por 7 votos a favor y 4 en contra, la idea de legislar para dictar normas de protección para defensores de la naturaleza y los derechos humanos medioambientales (boletín 16886).

El texto -fruto de una moción parlamentaria- busca consagrar un marco normativo de protección para dichos defensores, que haga operativo el Acuerdo de Escazú.

La instancia acordó el 2 de abril como plazo para presentar indicaciones e iniciar la votación particular del texto.

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