La Cámara de Diputadas y Diputados manifestó su preocupación al Presidente de la República ante la grave situación presupuestaria que enfrentan los Tribunales de Familia en la región de Coquimbo, fruto del recorte de 17 mil millones de pesos que se materializó en el marco de la discusión presupuestaria 2025.
El acuerdo consigna, además, que el Proyecto Justicia 2030 del Poder Judicial, que realiza un diagnóstico sobre los desafíos de la justicia chilena, identificó a los Juzgados de Familia de Coquimbo y La Serena dentro de los 5 tribunales con mayor sobrecarga laboral, con un 173% y 165% respectivamente.
Desde la Asociación Nacional de Empleados y Empleadas del Poder Judicial han señalado que la rebaja presupuestaria pone en riesgo la calidad y acceso a la justicia, así como la salud laboral de sus integrantes.
Por su parte, la Corte de Apelaciones de la Serena informó que, producto de esta reducción presupuestaria, se verá postergado el proyecto de contar con una Tercera Sala de manera ordinaria, la cual actualmente funciona con el mismo personal y recursos de manera extraordinarios.
Apoyo económico a locatarios
Las y los legisladores también aprobaron la resolución que solicita al Presidente de la República la entrega inmediata de recursos económicos para locatarios y pequeños comerciantes de las denominadas zonas cero del estallido social, que sufrieron de forma directa la quema, saqueos y destrozos de sus fuentes de trabajo.
Lo anterior, apunta la solicitud 1388, como medida reparatoria del daño causado, que ha significado la pérdida definitiva de cientos de locales. Según la iniciativa, más del 70% del comercio en dichas zonas fueron afectadas, dejando a miles de emprendedores sin ingresos y sin apoyo estatal.
El texto argumenta que, pese a que han transcurrido casi 6 años desde la crisis social, los efectos económicos persisten. A su vez, plantea que, mientras algunas personas han sido indemnizadas por daños sufridos en el contexto del estallido, los locatarios afectados no han recibido compensaciones adecuadas por sus pérdidas. Los impulsores de la resolución recalcan que responde a una demanda de justicia para quienes siguen sin recibir respuestas ni apoyo estatal para reconstruir sus negocios y recuperar su estabilidad económica.
Seguridad en aeropuertos
Además, la Sala apoyó pedir al Ejecutivo elaborar un plan integral de prevención de riesgos y respuesta a emergencias en aeródromos, helipuertos y aeropuertos de la red aeroportuaria nacional.
Según la solicitud 1389, es urgente modificar el Código Aeronáutico para adaptarlo a los estándares actuales de seguridad, a la demanda de servicios y de tráfico. También, hace presente la necesidad de modernizar el “Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil” para contar con un sistema unificado e integral de prevención de riesgos y respuesta a emergencias disponible en todos los aeropuertos y aeródromos
Actualmente, Chile cuenta con 344 aeródromos, 102 helipuertos y 7 aeropuertos, de los cuales 101 están administrados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Sin embargo, la normativa vigente no contempla medidas específicas sobre el entorno inmediato de los aeródromos ni protocolos estandarizados de prevención y respuesta ante emergencias.
Tarifas eléctricas
A partir del 1 de julio del año 2024, comenzó a regir un ajuste en el cobro tarifario de las cuentas de la energía eléctrica. Esto significó que los clientes residenciales deben pagar mensualmente, aumentos de precios por kW, de hasta un 60%.
A raíz de esta problemática, es que la Cámara aprobó la resolución 1391 donde solicita al Presidente de la de la República que, instruya al Ministro de Energía para elaborar una propuesta técnica que rebaje la rentabilidad de las empresas de distribución y perfeccione el proceso de fijación tarifaria de distribución eléctrica.
Y si bien, según consignan los autores de la propuesta, en la actualidad, se encuentra operativo un “subsidio eléctrico”, que beneficia al 40% más vulnerable de la población; éste no resulta suficiente para generar un real descuento en las cuentas de la energía eléctrica.
Terrorismo
Por otra parte, la Cámara también entregó su respaldo a la Resolución 1392 que pide al gobierno adoptar medidas legales y administrativas para declarar como “terrorismo” las acciones del crimen organizado.
Asimismo, calificar como terroristas a quienes operan en las bandas de criminales en nuestro país.
A partir de la solicitud de resolución presentada por el diputado Francisco Pulgar, se recalca que el actuar delictual por medio de células locales de reconocidas bandas nacionales e internacionales de Crimen Organizado tuvo un acercamiento gradual hasta lograr su instalación y operatividad dentro del territorio nacional.
Así, de acciones como disputas entre traficantes de droga y quitadas de la misma, con balaceras y muerte de algún delincuente, los últimos años el impacto mediático de hallazgos de personas decapitadas, trozadas y/o sin extremidades, sin un victimario conocido, a lo que se suman delitos como secuestros, extorsiones y amedrentamientos ya parecen tener ribetes de normalidad.
Visón americano
Finalmente, las y los diputados solicitaron al Presidente de la República reforzar las medidas existentes para la captura de la especie exótica invasora “Visón Americano” en las diversas regiones del país. Esto debido a los graves impactos ambientales y económicos que genera.
Este animal, introducido en Magallanes en la década de 1930 y posteriormente en Aysén, afecta gravemente la biodiversidad, depredando especies nativas y alterando los ecosistemas, junto con generar importantes pérdidas en el sector agropecuario.
La resolución del diputado Jaime Sáez recuerda que entre 2017 y 2019 se pagaba una recompensa por la captura de visones, inicialmente de 10 mil pesos. Luego, bajó a 8 y 7 mil, hasta que finalmente se dejó de pagar. En la actualidad no hay incentivos económicos debido a un dictamen de la Contraloría que prohibió a los servicios públicos pagar por estas capturas. Sin embargo, el texto plantea que los Gobiernos Regionales podrían reactivar este incentivo.
