Introducir cambios al Sistema de Inteligencia de Estado (SIE), en cuanto a su organización y funcionamiento, de modo que sea integrado y funcional, con el propósito de actualizarlo y adecuarlo a los nuevos requerimientos de la sociedad, es la idea matriz del proyecto (boletín 12234) que la Comisión de Hacienda comenzó a analizar esta semana.
La propuesta se originó en un mensaje cuyo trámite se inició en el Senado, en noviembre de 2018. Pasó a la Cámara en enero de 2020, derivándose a la Comisión de Defensa. Allí, el texto fue objeto de la presentación y retiro de indicaciones del Ejecutivo, siendo el último paquete ingresado en enero de 2025, previo a su despacho a Hacienda.
Para su presentación, el grupo parlamentario contó con la asistencia del subsecretario del Interior, Luis Cordero. Relató que se fortalece el funcionamiento del Comité de inteligencia de Estado (CIE). Este pasará a ser un órgano de carácter estratégico destinado a la planificación, coordinación y cooperación mutua del Sistema de Inteligencia de Estado.
Comentó que el texto define los destinatarios del sistema (Presidente de la República y ministros de Estado). También establece su estructura, diferenciando entre sus integrantes plenos y los colaboradores. Junto a ello, se establecen instrumentos de planificación en la materia; se crea un Consejo Interministerial de Inteligencia de Estado de carácter permanente y consultivo; se refuerza el control judicial sobre los procedimientos especiales de obtención de información en fuentes cerradas; fija un procedimiento para la clasificación de la información; y se incorpora un nuevo catálogo de delitos para sancionar el uso indebido de esta ley.
Adicionalmente, se crea la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia del Estado, mientras que la actual Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) se consolidará como un servicio público centralizado, técnico y especializado.
Costos y discusión
En materia de costos, Cordero informó que el mayor gasto estará vinculado a la nueva Secretaría. Implicará un gasto anual permanente en personal de más de dos mil 400 millones. A esto se suma el gasto en bienes, servicios de consumo y tecnología. Con todo, se totalizará más de tres mil 531 millones, el primer año; y más de dos mil 841 millones, el segundo.
A lo anterior, se agrega un aumento de la dotación de la ANI de 30 funcionarios. Además, se contempla un incremento progresivo que permitirá totalizar una planilla de 355 funcionarios en cuatro años.
En este debate, los diputados Miguel Mellado, Jaime Naranjo, Boris Barrera y Carlos Bianchi expresaron las primeras inquietudes. Entre ellas estuvo la permanencia de la ANI bajo el Ministerio del Interior y el manejo de la información respecto de terceras instituciones como la Fiscalía. También en torno a la participación de Gendarmería en el sistema.
El subsecretario respondió que el texto no había sido despachado desde Defensa antes de contar con la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública. En tal plano, dijo que se espera que esta materia vaya a resolverse en una comisión mixta.
En cuanto al uso de la información del sistema, detalló que la regla general es que no se puede usar para investigaciones penales. Ahora, sobre la participación de terceros, alertó que se aumentaron las penas por revelación de información.
Finalmente, aclaró que el equipo de Gendarmería es un equipo muy relevante para la Inteligencia del Estado. Sin embargo, alertó que no podía entregar mayores antecedentes por ser un tema de suyo confidencial.
La comisión continuará la próxima semana con el tratamiento de este proyecto de ley.
Incentivo a la compra de viviendas
En otro bloque, la comisión concluyó con la votación en particular del proyecto (boletín 17368) que establece un subsidio a la tasa de interés hipotecario para la adquisición de viviendas nuevas. Para su tratamiento participó la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.
El grupo parlamentario votó los últimos artículos pendientes, permanentes y transitorios, junto con las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. En general, ellas respondieron a solicitudes de las y los diputados durante la tramitación.
Así, por ejemplo, se fijó un piso de cobertura de garantía de cinco años para atender la situación de los adultos mayores que no son elegibles para créditos hipotecarios largos
Uno de los puntos que ocasionó controversia fue una enmienda al articulado transitorio. La propuesta, que igualmente se aprobó, compromete la entrega de información del SII sobre ventas anuales de las empresas en el marco de esta ley. La idea es verificar el nivel de éxito de la medida propuesta para activar el mercado inmobiliario y la compra de viviendas.
Si bien se valoró el esfuerzo, los diputados consideraron que era preciso incluir un gatillo que permitiera, por ejemplo, la compra por parte de personas jurídicas. Al respecto, la subsecretaria aclaró que adelantar “gatillos” podría ser un desincentivo a la norma principal. En tal plano, estimó mejor esperar a tener los antecedentes sobre la mesa, antes de efectuar una enmienda en la materia.
Cabe mencionar que este proyecto se encuentra en tabla de la Sala para el próximo lunes 24 de marzo.
