La Comisión de Salud comenzó el análisis del proyecto que fortalece la Superintendencia de Salud (boletín 17.397). La iniciativa forma parte de los compromisos del gobierno en el marco de la tramitación de la llamada Ley corta de Isapres. Así, este mensaje se suma a los proyectos presentados para eliminar las preexistencias y las discriminaciones por edad y sexo (boletín 17.147), junto al que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud y otras normas (boletín 17.375).
En la sesión participaron el coordinador de la reforma de salud, Bernardo Martorell, en representación de la ministra Ximena Aguilera, junto al superintendente Víctor Torres. En la instancia detallaron las deficiencias identificadas en el funcionamiento del órgano fiscalizador, específicamente, en la Intendencia de Prestadores de Salud.
Por esta razón, explicaron la necesidad de perfeccionar la gobernanza institucional para consolidar la autoridad y liderazgo de la superintendencia. En ese sentido, la norma propone incorporar una estructura colegiada de 5 miembros, más 4 consejeros que asesoren en el proceso de toma de decisiones al superintendente. La idea es contar con una diversidad de conocimientos y experiencias que den respuesta a las diferentes áreas involucradas en la fiscalización en el ámbito de la salud.
Nuevas herramientas para la superintendencia
El proyecto presentado también propone otorgar a la Intendencia de Prestadores de Salud la capacidad de interpretar normas y emitir instrucciones de cumplimiento obligatorio. Esto le permitiría actuar de manera más ágil ante incumplimientos.
Por otro lado, el mensaje pretende mejorar el resguardo de los derechos de las personas en materias de salud, por medio de nuevas herramientas de fiscalización de la superintendencia. Se busca así garantizar el acceso a la salud, incluir la posibilidad de imponer sanciones a infractores y facultar al organismo para resolver controversias entre prestadores y pacientes.
Asimismo, que la superintendencia cuente con la facultad de realizar auditorías clínicas para asegurar el correcto cumplimiento de las normas en situaciones sensibles. En particular, se contempla garantizar el acceso a las fichas clínicas de los pacientes afectados, lo que permitirá al órgano fiscalizador evaluar y validar el proceso clínico en situaciones problemáticas.
También se propone crear un registro público de prestadores sancionados, con una vigencia de cinco años. Esto con el objetivo de que las personas puedan acceder a información sobre la calidad de atención médica, facilitando decisiones informadas. Y, por otro lado, se busca disuadir a los prestadores de incurrir en sanciones y promover la competencia en el sector.
Junto a esto, la norma también considera nuevas atribuciones de difusión de los derechos en materia de salud.
Modernización
Enseguida, el proyecto en trámite considera modernizar el sistema de acreditación de los prestadores de salud. Para ello, propone que la superintendencia supervise y monitoree continuamente a los acreditados. Esto con el fin de aplicar medidas preventivas y correctivas, así como imponer sanciones en caso de incumplimiento.
Adicionalmente, la superintendencia estaría facultada para solicitar nuevas evaluaciones a prestadores que no mantengan estándares de acreditación, mejorar el régimen de sanciones para entidades acreditadoras (incluyendo la suspensión de su participación en procesos de acreditación) y agilizar dichos procesos.
Finalmente, el texto considera otorgar al Ministerio de Salud la facultad de establecer los aranceles que los prestadores deben pagar.
Las y los diputados valoraron que la iniciativa entregue mayores herramientas de fiscalización y sanción a la superintendencia. Pero, manifestaron su inquietud sobre qué proyecto debería priorizar la comisión en su tramitación. Esto porque la instancia también analiza la norma que elimina las preexistencias en materia de salud.
