La Comisión de Constitución aprobó por 9 votos a favor legislar la reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un Consejo de Nombramientos Judiciales (boletines refundidos 17193, 12607, 14192, 16852, 16979, 17115, 17144 y 17150).
El proyecto -que agrupó dos mensajes del gobierno y seis mociones parlamentarias- moderniza el sistema de nombramientos en el Poder Judicial. Además, aborda otros cambios como separar las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema.
Entre sus ideas centrales está disponer de criterios estrictos para el desempeño judicial, así como rendición de cuentas, ética profesional y concursabilidad.
Durante la sesión, las y los diputados plantearon que esperan que esta iniciativa contribuya a mejorar el descrédito del sistema de justicia. En cuanto al texto, la comisión acordó trabajar sobre la base del último mensaje del gobierno (boletín 17.193) y fijó como plazo para presentar indicaciones el lunes 7 de abril.
Reforma necesaria
Sobre los fundamentos que sustentan esta iniciativa, la diputada Javiera Morales manifestó su preocupación sobre el quorum requerido para los nombramientos y posterior ratificación del Senado. Recordó que, en el último año, la opinión pública conoció la práctica de jueces y sus cercanos que hacían lobby para ser nominados, lo cual pone en duda su imparcialidad en las sentencias que emiten.
A su vez, el diputado Luis Sánchez consideró que el sistema de justicia no es perfecto y por eso hay espacio para la reforma. Pero, insistió que también se debe abrir el debate sobre los mecanismos de control disciplinario de los jueces, ya que son ellos mismos los que se evalúan. Indicó que muchas veces hay ministros de Corte que son cómplices al dejar asesinos libres que vuelven a matar. Y, frente a esto, añadió, quedan impunes y no asumen ninguna responsabilidad.
Leonardo Soto afirmó que el actual sistema de nombramiento de jueces tocó fondo. Por esta razón, respalda la reforma pero con ciertos reparos. Al respecto, dijo que en la Corte Suprema surgieron “camarillas de protección”, corrupción y nepotismo. Esto, a su juicio, quedó demostrado con el caso Hermosilla y los mensajes en WhatsApp donde personeros del gobierno anterior controlaban el funcionamiento de las salas y pedían ayuda en determinadas materias.
El presidente de la comisión, diputado Miguel Ángel Calisto, manifestó que no se puede guardar silencio y mirar para el lado cuando un poder del Estado tiene falta de confianza, lo que merma la credibilidad en las demás instituciones. Planteó que esta no es una reforma revolucionaria, y que considera ciertas garantías y principios de tradición como que sea el Presidente de la República el que elige y el Senado, con mayor transparencia, ratifica.
Propuestas para mejorar el texto
Desde el gobierno, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, reconoció que es un desafío del país fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia. Agregó que el apoyo transversal a esta reforma demuestra la necesidad de legislar.
Además, enfatizó que el proyecto presentado por esta administración recoge distintos intentos por modificar el sistema de nombramientos de jueces, desde los años 90 en adelante. Por eso mismo, junto con el consenso en torno a las ideas centrales del proyecto, el Ejecutivo está abierto a nuevas modificaciones y sugerencias planteadas por académicos y expertos.
Sobre el punto, en la sesión participaron los académicos Esteban Szmulewicz, de la Universidad Católica del Norte y Fernando Atria, de la Universidad de Chile.
El primero abordo el derecho comparado así como las experiencias en España y Uruguay, junto a los criterios orientadores de las bases constitucionales. Por ejemplo, propuso fortalecer la transparencia en las distintas etapas del proceso de nombramiento, revisar el quórum supra mayoritario del Senado e incluir un plazo para el nombramiento.
El profesor Atria, por su parte, criticó el sistema de ratificación ya que, a su entender, hoy funciona con acuerdos entre las bancadas para la integración de los distintos cargos.
A su juicio, la reforma debería incluir el deber “de todo senador de votar por el candidato más idóneo para el país” y a justificar en público su voto.
