En la presente semana de marzo, la Sala de la Cámara aprobó y despachó al Ejecutivo dos nuevas leyes. Una permite a la PDI el control biométrico en aeropuertos; la otra, endurece la fiscalización de las licencias médicas. Además, derivó al Senado un proyecto sobre seguridad pública y envió a comisión mixta una propuesta en el ámbito de la educación.
La primera de las nuevas leyes se respaldó en la sesión ordinaria del lunes 10. Se revisó en tercer trámite, donde se aprobaron las modificaciones implementadas en el Senado.
Específicamente, el proyecto (boletín 16434) autoriza la implementación de tecnología para la autentificación de datos biométricos en los distintos aeropuertos nacionales. El texto define que, al momento de controlar los ingresos y salidas del territorio nacional, el personal de la PDI puede disponer de cualquier dispositivo o medio tecnológico idóneo para tal efecto. Se incluirá en ello “el tratamiento de datos biométricos”. Esto aplicará también para viajes nacionales, por lo que la fiscalización de datos biométricos será para todos quienes ingresen, salgan o se trasladen dentro de él. Aplicará para personas que se trasladan dentro del territorio nacional mediante el servicio de transporte aéreo.
La segunda de las nuevas leyes se despachó al Ejecutivo en la sesión del miércoles. Esto sucedió tras recibir un apoyo unánime de la Sala el informe de comisión mixta respectivo que resolvió las diferencias con el Senado. La iniciativa (boletín 14845) fortalece el sistema de fiscalización de las licencias médicas. Se motivó en la constatación de abusos, uso indiscriminado e, incluso, fraudes en este ámbito.
Para sus fines, la propuesta modifica la Ley 20.585, que regula el otorgamiento y uso de licencias médicas. El objetivo es fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores. La idea es proteger el área de la seguridad social de abusos y fraudes. Así, se espera garantizar el correcto uso y otorgamiento de las licencias médicas a usuarios legítimos. Por otra parte, se promueve la transparencia y eficacia del sistema.
Otros temas abordados
Además, de las dos nuevas leyes despachadas, la Corporación tramitó otros dos proyectos y efectuó una sesión especial temática. Esta última se desarrolló el lunes 10. Se abocó a analizar la crisis provocada por el corte de suministro eléctrico entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos, durante el pasado 25 de febrero. Su principal foco estuvo puesto en las causas inmediatas y mediatas de dicho evento. Asimismo, en la reacción de los órganos de la administración del Estado para enfrentar sus consecuencias.
En la sesión ordinaria, la Corporación rechazó en general un proyecto que modifica la Ley General de Educación (boletín 11992). El texto busca complementar el sistema de evaluación correspondiente al nivel de educación básica, especialmente, a los cursos de primero a cuarto básico. Como consecuencia de esto, la iniciativa, que venía del Senado, pasó a una comisión mixta para resolver las diferencias.
En lo esencial, la norma establece nuevas fórmulas de evaluación distintas a las notas de 1 a 7, al promover la utilización de criterios cualitativos.
Ahora, en la sesión del miércoles, se aprobó el proyecto que exime de trámites y reduce los plazos para la alteración, ampliación, reparación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios (boletín 17312).
La iniciativa, que pasó a segundo trámite, establece que esta norma será aplicable para aquellos establecimientos que el Presidente de la República determine mediante un decreto supremo debidamente fundado. También señala que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) será el encargado de priorizar los trámites necesarios para la ejecución de los proyectos. Además, agrega que la adjudicación de los contratos de concesión se realizará mediante decreto supremo fundado de dicha cartera. Adicionalmente, el MOP determinará las medidas de mitigación y compensación para la zona donde se establezca un recinto penitenciario.
Acusación constitucional y censura
En la sesión del martes 11, se dio cuenta de la acusación constitucional interpuesta en contra de la exministra de Defensa Nacional, Maya Fernández. Además, se procedió al sorteo de los integrantes que evaluarán su admisibilidad. Fueron electos: Jorge Durán (RN), Jaime Naranjo (PS), Emilia Schneider (FA), Alexis Sepúlveda (PR) y Leonardo Soto (PS).
La Sala también votó la censura presentada por la bancada del Partido Social Cristiano en contra de la Mesa de la Cámara. Dicha censura se fundamentó en diligencias que la Fiscalía llevó adelante, por el caso Sierra Bella, que involucraron a la diputada Karol Cariola, Presidenta de la Corporación. Finalmente, la censura se rechazó por 72 votos en contra y 51 a favor.
En materia de proyectos de ley, la Sala de la Cámara concentró su tiempo en el debate de la ya mencionada norma que agiliza la construcción de cárceles. Dado el amplio debate generado, la propuesta no alcanzó a votarse en dicha jornada, hecho que se concretó en la sesión del miércoles, como ya se informó más arriba.
