Reconocer el derecho al cuidado y crear el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados es el objetivo del proyecto de ley despachado a Sala por la Comisión de Hacienda (boletín 16.905).
La iniciativa, ingresada por el Ejecutivo y aprobada previamente por la Comisión de Desarrollo Social, establece el derecho al cuidado como un cuarto pilar de la Protección Social y posibilita el avance hacia la corresponsabilidad social y de género en esta materia.
Este sistema beneficia a personas con discapacidad, mayores y con dependencia. Asimismo, a niños, niñas y adolescentes, junto a las cuidadoras/es, sean estas remuneradas o no.
En ese marco se desarrollará en diversos niveles, a partir de un programa principal de acompañamiento de personas con dependencia severa y sus personas cuidadoras. A ello se suma el programa presupuestario que incluye el fondo subsidio de Eleam; cuidados domiciliarios y residencias comunitarias, entre otros.
La comisión aprobó por mayoría (8 votos a favor y 2 abstenciones) todos los artículos materia de su competencia. Estos son los referidos a la Secretaría de Apoyos y Cuidados y sus funciones, así como el Sistema de Gestión de Información de Apoyos y Cuidados.
Además, la oferta programática con el Programa para el acompañamiento y la atención de las personas con dependencia y sus personas cuidadoras no remuneradas.
También, las funciones que se encomienda al Ministerio de Salud para desarrollar acciones de promoción, prevención, protección, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos para las personas con dependencia y para las personas cuidadoras. Por último, las normas transitorias referidas al gasto fiscal que este proyecto contempla.
La diputada Camila Rojas (FA) expondrá el informe a la Sala, el lunes 17 de marzo.
Investigación de delitos
Desde la Comisión de Constitución, en tanto, se aprobó y despachó para su revisión en Sala un segundo proyecto del gobierno, esta vez en materia de seguridad pública.
La norma fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de internet y telecomunicaciones (Telco) entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico en determinados delitos cuya investigación requiere celeridad (boletín 16.974).
De este modo, el proyecto establece un máximo de 24 horas para cumplir con la autorización judicial para que proveedores de servicios entreguen al Ministerio Público los registros de tráfico de llamadas telefónicas, georreferenciación, localización, envío de correspondencia o de tráfico de datos en internet de sus abonados.
Estas medidas estarán circunscritas a investigaciones relacionadas con una asociación delictiva o criminal o que sean constitutivos de los delitos de secuestro, sustracción de menores, violación, violación con homicidio, abuso sexual de menores de 14 años, explotación sexual y producción de material pornográfico infantil. Asimismo, homicidios, tráfico de migrantes, tráfico de personas, robo con violación y robo con homicidio, incendio, delitos de las leyes de control de armas, drogas, lavado de activos, terroristas y delitos económicos cometidos por empresas.
Se obliga a las empresas a contar con un punto de contacto permanente para responder estos requerimientos.
La discusión en Sala de este proyecto, que informará el diputado Raúl Soto (PPD), está previsto para el martes 18 de marzo.
Retiro de cables
En tercer lugar, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones visó el texto que faculta a los municipios para el retiro de cables aéreos en desuso (boletín 17.042).
El texto, originado en una moción de la diputada Ana María Gazmuri (PAH), busca reponer la atribución que tenían los municipios para retirar cables en desuso a expensas de las empresas concesionarias.
Al respecto, la comisión aprobó el artículo único – modificado con una indicación del gobierno- el cual dispone que, si la empresa concesionaria no realiza el retiro solicitado por la Municipalidad o la Subsecretaría de Telecomunicaciones, los municipios podrán retirar, trasladar u ordenar estos elementos a costa de las empresas.
En caso de elementos que no sea posible determinar su propiedad, el municipio notificará a todas las concesionarias y permisionarias autorizadas en la comuna, la fecha en que ejecutará el retiro y los costos. Las citadas empresas reembolsarán en partes iguales los gastos incurridos.
La iniciativa está en la tabla tentativa de Sala del miércoles 19 de marzo. Informe será rendido por el diputado René Alinco (IND).
Finalmente, la Comisión de Cultura también respaldó el proyecto que establece el 21 de marzo de cada año como el Día Nacional de los Glaciares. La norma, en segundo trámite constitucional (boletín 16.671), será informada a la Sala por la diputada Daniela Serrano (FA).
