Las y los diputados de la Comisión Especial Investigadora sobre el Funcionamiento general de las universidades, votaron el informe de propuestas y conclusiones.
La instancia tuvo como objetivo revisar los actos del gobierno, en especial, del Ministerio de Educación y de la Superintendencia de Educación Superior, en relación al proceso de acreditación, entrega de recursos públicos y financiamiento de las universidades. Así como, el cumplimiento de la normativa educacional vigente y su funcionamiento general.
La petición hizo, en particular, referencia al caso de la Universidad San Sebastián, en que una serie de docentes y académicos habrían recibido sueldos y diversos pagos, sin que constara el desarrollo de un trabajo profesional y académico claro y tangible.
En ese contexto y tras cumplir su cometido, el texto propuesto de conclusiones señala, en líneas generales, que existe una opacidad en el sistema de educación superior al quedar en entredicho las decisiones financieras de universidades privadas y algunas del CRUCH que cuentan con subsidio público.
Al respecto, el presidente de la instancia, Juan Santana (PS), indicó que las conclusiones y propuestas se fundamentan en dos ejes, regulación y fiscalización.
Es que, a lo largo de las sesiones realizadas, se pudo determinar que existe un déficit regulatorio que ha generado situaciones “indeseables”, planteadas por académicos y estudiantes. Por ende, se sugiere que es clave mejorar la transparencia activa por parte de las distintas casas de estudio.
Además, el informe aprobado señala que existen operaciones por parte de algunas universidades privadas con instituciones extranjeras que, al día de hoy, son fiscalizadas por lucro por parte de la Superintendencia de Educación Superior (SES).
En cuanto a robustecer la institucionalidad, se valoraron los esfuerzos realizados en los últimos años. Sin embargo, es necesario avanzar en modernización para afrontar situaciones como las analizadas por la instancia investigadora.
Educación Superior
En cuanto a las recomendaciones, el texto indica que es preciso fiscalizar la utilización de fondos públicos, especialmente aquellos transferidos a las universidades. Además, establecer medidas para asegurar la participación de la comunidad universitaria.
Es decir, debiesen tener acceso oportuno a las rendiciones de cuenta, especialmente cuando se trate de recursos públicos. Junto con robustecer la Superintendencia de Educación Superior (SES), agrega que es necesario modernizarla y aumentar sus recursos para dotarla de mayor financiamiento y fortalecer así sus atribuciones.
De esa manera, plantea la necesidad de modificar la Ley N° 20.800 para asegurar procesos más adecuados y expeditos en caso de cierre de universidades, ya sea de forma voluntaria o forzosa.
Finalmente, se deja en evidencia la necesidad de mejorar la coordinación entre instituciones que conforman el Sistema de aseguramiento de la calidad de la educación.
