El diputado socialista Jaime Naranjo resultó electo como presidente de la comisión que se encargará de analizar la admisibilidad de la acusación constitucional en contra de la exministra de Defensa, Maya Fernández.
Cabe mencionar que, ayer (11 de marzo), la Sala conoció del libelo presentado por Gustavo Benavente (UDI), Henry Leal (UDI), Luis Sánchez (PREP), Cristián Labbé (UDI), Christian Matheson (IND), Chiara Barchiesi (PREP), Harry Jürgensen (IND), Camila Flores (RN), Miguel Mellado (RN) y Sara Concha (PSC).
El texto acusa a Fernández de infringir la Constitución Política por haber celebrado un contrato con el Estado, vulnerando la prohibición contenida en el artículo 37 bis de la Carta Magna. Este dispone que, “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades”.
Conforme al reglamento, en dicha jornada también se realizó el sorteo de quienes participarían en la comisión de acusación. Fueron elegidos Jorge Durán (RN), Jaime Naranjo (PS), Emilia Schneider (FA), Alexis Sepúlveda (PR) y Leonardo Soto (PS).
Acuerdos de la comisión de acusación Fernández
En el día de hoy, el grupo se dio cita para su constitución formal. Durante su desarrollo, se resolvió el tema de la presidencia de la comisión, recayendo, como se mencionó más arriba, en Jaime Naranjo, También se acordó sesionar los días: lunes de 17:15 a 19:15 horas; y martes y miércoles, de 10:15 a 13:15 horas.
Entre otros acuerdos, se determinó que las actas, documentos e intervenciones de la comisión serán de conocimiento público. La salvedad estará en materias que requieran especial reserva.
En materia de plazos, luego de la debida notificación a la exministra (tres días contados desde ayer), ésta tendrá diez días para concurrir ante la comisión, en forma personal o por escrito. Posteriormente, la comisión tendrá seis días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella.
