En el marco de su cometido, la Comisión Especial Investigadora de la Fundación Procultura recibió a Eugenio Campos, director de la Unidad Especializada Anticorrupción, quien detalló avances sobre el Caso Convenios. Al respecto, señaló que la Fiscalía solicitó apoyo de la PDI para investigar a Democracia Viva. A su vez, se estableció coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Impuestos Internos para las investigaciones del caso.
Campos detalló que existen 134 Rut de Única Causa asociados al fenómeno investigado. Junto a ello, más de ocho fundaciones o corporaciones están bajo indagación y que la Región de Antofagasta concentra 32 investigaciones, la cifra más alta a nivel nacional.
Añadió que tres regiones concentran investigaciones relacionadas con irregularidades en la gestión y uso de fondos públicos. Estas causas involucran delitos de malversación, fraude al fisco y otros ilícitos según marca la tendencia. Estos fueron realizados mediante convenios entre fundaciones y organismos estatales.
El director de la Unidad Especializada Anticorrupción explicó que a nivel nacional, 11 personas jurídicas han sido formalizadas y existen 41 imputados.
En el desglose, la región de Biobío tiene 21 formalizados y hay 22 personas con medidas cautelares. De igual forma, en la Región de Los Lagos se investigan 15 mil millones de pesos en transferencias a 11 fundaciones o corporaciones. En La Araucanía, 44 mil millones con 13 instituciones.
En el caso específico de la Fundación Procultura estaría involucrada en siete regiones, con cerca de seis mil millones investigados.
El diputado Jaime Araya (IND) consultó sobre los tipos de delitos que se están persiguiendo en estas investigaciones. Campos explicó que la Fiscalía investiga múltiples fundaciones bajo estos delitos. Según la tendencia del caso, los antecedentes apuntan en su mayoría a fraude al fisco.
Acciones para recuperar fondos
Durante la sesión también expuso Paulina Retamales, jefa de la División de Defensa Estatal del Consejo de Defensa del Estado (CDE). La personera señaló los procesos que ha iniciado el Consejo, ejerciendo acciones tras la recepción de antecedentes del Ministerio Público y la Contraloría. Explicó que con ello se genera un análisis de los casos, sometidos al comité penal. Según la evaluación, se presentan querellas o se mantiene vigilancia sobre los hechos investigados, precisó.
Al respecto, el CDE puede solicitar diligencias y medidas cautelares al presentar una querella, además de participar en audiencias de formalización e investigación. En el caso específico de ProCultura, Retamales informó que no existen causas formalizadas contra la citada fundación.
Cabe recordar que la cuestionada organización sostuvo siete convenios con Gobiernos Regionales y nueve con Seremis del Minvu. A partir de ello se ordenó el reintegro de 2.424 millones de pesos en convenios regionales y 789 millones en los del Minvu.
El diputado Araya expresó su preocupación por la pérdida de fondos. Manifestó que estos se perdieron en totalidad, criticando la tranquilidad de CDE. Retamales destacó que la recuperación de los dineros es una prioridad y que desde el inicio de la investigación del Caso Convenios se han realizado gestiones para acelerar el proceso, incluyendo medidas precautorias y acciones civiles.
Señala que, en el caso de Antofagasta, se buscan inmuebles que, de haber una sentencia favorable, permitan recuperar los fondos mediante su remate. También se podrá solicitar el recupero del perjuicio fiscal a los imputados.
El diputado Gonzalo Winter (FA) solicitó recomendaciones para adoptar medidas que eviten situaciones similares. la representante del CDE destacó la importancia de implementar garantías y no entregar el 100% de los fondos sin un informe que respalde su continuidad. Indicó que la observación de contratos es una facultad del Consejo, aunque se ve restringida por la falta de personal. Por esta razón, de ser reforzada, podría ser fundamental para mejorar la fiscalización de estos casos.
Autoridades regionales
Nerina Paz, directora subrogante del Serviu de Valparaíso, abordó la trazabilidad del convenio de ProCultura en la región. Explicó los aspectos clave del proceso: delegación de funciones, manual de procedimientos y actos administrativos junto con las acciones realizadas.
Sobre este, el diputado Andrés Longton (RN) consultó sobre la reunión que sostuvo con la Fundación ProCultura, en el marco de la Ley de Lobby. El parlamentario destacó que la solicitud inicial parecía general, pero, posteriormente, se vinculó a convenios adjudicados relacionados con asentamientos precarios.
Paz aclaró que la reunión se realizó mientras era subrogante de la Seremi y se realizó de forma telemática. Explicó que la presentación de ProCultura ocurrió mientras se tramitaba un convenio del cual ella no tenía conocimiento en ese momento. Señaló que recibió el borrador del convenio tiempo después y firmó el documento como acto administrativo para validarlo.
A su vez, el Gobernador de Magallanes, Jorge Flies, lamentó la investigación en su región, destacando dos proyectos de ProCultura presentados en 2021 y 2022: uno para el patrimonio cultural de Tierra del Fuego y otro para la recuperación de un mural en Punta Arenas.
El diputado Longton cuestionó al Gobernador por sus conversaciones por WhatsApp con Alberto Larraín (representante de la fundación) y planteó una posible relación improcedente vinculada al caso. El gobernador Flies descartó este hecho y aseguró que nunca ha recibido ni respondido mensajes de esa índole.
