Tras analizar lo expuesto por la Contraloría General de la República en su sesión anterior, la Comisión Especial Investigadora del Caso Monsalve citó al jefe de Gabinete de la Presidencia, Carlos Durán, y al jefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi. Sin embargo, la sesión finalizó sin avances significativos en la investigación debido a la nueva negativa de Crispi de romper la cláusula de confidencialidad impuesta en su contrato de trabajo. Esto dejó sin respuesta las preguntas de las y los integrantes de la comisión y llevó a que el presidente de la instancia diera por levantada la sesión.
Además, el diputado Miguel Mellado (RN) señaló que enviarán sus reparos a la Contraloría, de acuerdo al artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, para que se inicien las sanciones correspondientes en contra del personero del Ejecutivo.
En horas de la tarde, desde el gobierno se informó la salida de Miguel Crispi de su cargo.
Confidencialidad
Durante la sesión de esta jornada, Miguel Crispi se abstuvo de responder las preguntas relacionadas con su rol en la toma de decisiones durante el Caso Monsalve. En todo momento argumentó que su contrato incluye una cláusula de confidencialidad que le impide divulgar detalles sobre sus conversaciones y recomendaciones al Presidente Gabriel Boric.
En esa línea, fundó su negativa en que “dada la función legal que cumple el jefe de asesores de la Presidencia, tengo la obligación de guardar reserva de ciertos procesos y espacios deliberativos del Presidente de la República”.
Esta postura generó críticas de algunos parlamentarios de la comisión. Una de ellas fue la diputada Gloria Naveillán (IND), quién solicitó oficiar a la Contraloría para que evalúe la legalidad de dicha cláusula.
Además, el presidente de la instancia, Miguel Mellado (RN), cuestionó la validez de la citada cláusula de confidencialidad porque no aparece explícitamente en el contrato ni tiene respaldo legal para impedir las declaraciones.
Por su parte, los diputados Diego Ibáñez (FA), Carolina Tello (FA) y Marisela Santibáñez (IND) respaldaron a Miguel Crispi. En concreto, remarcaron que el jefe de asesores cumplió con su obligación de comparecer. Además, que no se puede forzar la entrega de antecedentes amparados en la confidencialidad del cargo. Por último, Diego Ibañéz dijo que la controversia debe resolverla la Contraloría y no la comisión.
Cabe recordar que la contralora Dorothy Pérez señaló en la sesión anterior que todos los funcionarios públicos, independiente de su modalidad contractual, deben comparecer y declarar ante las comisiones investigadoras. Sin embargo, indicó que la ley establece excepciones para materias clasificadas como secretas o reservadas. Esta interpretación fue utilizada por Crispi para justificar su negativa a responder las preguntas de los parlamentarios.
