La Sala de la Cámara respaldó -con 73 votos a favor, 20 en contra y 21 abstenciones- la Solicitud de Resolución 1362 que insta al Presidente de la República a contemplar una pensión de gracia mensual y vitalicia para artistas consagrados con notable trayectoria.
La petición se funda en el contexto de un sistema de pensiones deficiente, donde los montos de las pensiones no alcanzan ni a un tercio de lo que el trabajador recibía como ingreso mensual.
Esta situación se agrava en el rubro artístico donde sólo se obtienen pensiones mínimas después de toda una vida dedicada a la cultura, lo que provoca inestabilidad financiera luego de 30 años o más de trayectoria.
El texto también recuerda que el sector de la cultura y las artes sólo cuenta con un 5,8% de las personas ocupadas. Situación que es preocupante ya que son los mismos artistas quienes tienen que auto contratarse para acceder a prestaciones de seguridad social.
Urgencia a proyecto
Además, la Sala respaldó la solicitud 1363 que pide al Primer Mandatario fijar urgencia para la discusión del proyecto que modifica la ley 19.638, que establece normas sobre constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas.
La propuesta presentada por diputados de la bancada de la UDI, tuvo 66 votos a favor, 27 en contra y 26 abstenciones.
El documento pide que se retome la discusión del mensaje presentado el 10 de marzo de 2018 por la expresidenta Michelle Bachelet, que establece la libertad religiosa y laicidad como principios de la ley, adaptándola a disposiciones que imperan en el ordenamiento jurídico.
Además, destacan que se enmarca en los lineamientos de la libertad de conciencia consagrada en la Constitución y en la Declaración universal de los DD.HH. Los autores enfatizan que la religión es parte de la identidad individual y colectiva, fortaleciendo la cohesión social y los valores éticos de las personas.
Integridad Sexual
Mediante la resolución 1364, a su vez, diputadas y diputados demandan que en la tramitación del nuevo Código Penal se ubique sistemáticamente los delitos contra la integridad sexual en la regulación de los delitos contra las personas. La resolución insta al Presidente Boric, por medio del ministro de Justicia, que considere el planteamiento aprobado por la Cámara con 70 votos a favor y 54 abstenciones.
El texto presentado por diputadas oficialistas cuestiona que desde 2004 los delitos contra la integridad sexual se ubiquen salvo contadas excepciones en el título relativo a “crímenes y delitos contra el orden sexual de las familias, contra la moralidad pública, y contra la integridad sexual”.
Al respecto, señalan que las posturas mayoritarias señalan que la protección penal recae sobre el bien jurídico de la libertad sexual, que consiste en la facultad de una persona a auto determinarse en materia sexual sin ser compelida ni abusada por otro.
Por otra parte, hay académicos que sostienen que el bien protegido es la indemnidad sexual entendida como el derecho a no verse involucrado en un contexto sexual sin consentimiento atendido al daño físico, psíquico y emocional que pudiera producir.
Así, se pide al Ejecutivo evaluar la ubicación de la regulación de delitos sexuales para avanzar jurídica y culturalmente a que estos crímenes sean vistos como agresiones que afectan la integridad física de las personas.
Indulto a exconscripto
Por 64 votos a favor, 53 en contra y 9 abstenciones, la Sala respaldó la solicitud 1365 que pide el indulto presidencial para el exconscripto Carlos Robledo Olguín, condenado por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte durante las manifestaciones de octubre de 2019.
El exconscripto habría efectuado el disparo que causó la muerte de Romario Veloz, el día 20 de octubre de 2019 en las inmediaciones del Mall Plaza de La Serena, y fue condenado a una de 10 años de presidio.
La petición, ingresada por el diputado republicano Luis Sánchez, plantea que en su concepción más evidente y genuina de dolo resulta muy difícil que un soldado conscripto hubiese podido prever los elementos de un tipo penal como la violencia innecesaria. Ello, en circunstancias en que se vio obligado a concurrir al sitio del suceso a reguardar el orden público, función para lo que no estaba entrenado.
Venta de pasajes a menores de edad
Durante la semana legislativa, asimismo, la Sala dio su visto bueno a la solicitud contenida en la resolución 1367 que pide al Ejecutivo coordinar las acciones legislativas y reglamentarias para establecer en la regulación que se exija la autorización expresa de los padres, madres o tutores legales, antes de vender boletos de transporte privado remunerado a menores de 14 años.
Esto con el fin de proteger su seguridad e integridad durante los viajes. Al respecto se indica que en el contexto de estos servicios de transporte pueden presentarse situaciones de vulnerabilidad para los menores de edad que viajan sin la compañía de un adulto responsable, exponiéndolos a riesgos que podrían afectar su seguridad e integridad.
La resolución, presentada por las y los diputados Carla Morales (RN), Yovana Ahumada (IND), Juan Carlos Beltrán (RN), Sofía Cid (RN), María Luisa Cordero (IND), Catalina Del Real (RN), Camila Flores (RN) y Marcia Raphael (RN), afirma que la modernización y digitalización de los sistemas de venta de boletos ha facilitado la compra por parte de menores sin la verificación adecuada de su edad o la autorización correspondiente.
Servicio Pueblos Originarios
Por otra parte, las y los diputados en Sala, aprobaron la Solicitud de Resolución 1369, por medio de la cual piden al Presidente de la República la creación de un Servicio Nacional de los Pueblos Originarios y Asuntos Indígenas.
El texto señala que la norma que le dio vida a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), creó una nueva relación entre el Estado y los distintos pueblos indígenas. Pero, para avanzar en sus derechos culturales y el reconocimiento de sus territorios y deuda histórica, aún falta mucho por hacer.
En ese contexto, y a 30 años de la promulgación y publicación de la ley N°19.253 es necesario e imperioso contar con una nueva institución, que pueda hacerse cargo de las necesidades y sobre todo del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
La propuesta, según los patrocinantes, cobra más relevancia al analizar los datos del CENSO del año 2017, que indicaron que las personas indígenas de nuestro país alcanzan a los 2.144.479 habitantes, lo que corresponde al 12,5% de la población nacional.
Control perros asilvestrados
Según un estudio realizado en 2022 por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Pontificia Universidad Católica, en el país existen 12 millones de perros y gatos con tutores conocidos. Asimismo, se estimó que hay 588.173 gatos y 3.461.104 perros sin dueño conocido, los que en su mayoría terminan convirtiéndose en perros asilvestrados.
Según la diputada Consuelo Veloso (IND), la presencia de estos animales representa un problema significativo, especialmente, en zonas rurales donde los ataques a la fauna silvestre y al ganado son frecuentes.
Para enfrentar esta problemática, la parlamentaria por la región del Maule, junto a otros legisladores, presentaron la resolución 1370. El texto aprobado por la Cámara solicita al Presidente de la República que instruya a los ministros del Interior, de Medio Ambiente, de Agricultura y de Salud, adoptar las medidas administrativas y legislativas necesarias para abordar la situación de los perros de libre deambular y de los animales y mascotas abandonadas.
Tratado combustibles
En tanto, la Cámara aprobó la solicitud 1375 que llama al Ejecutivo a ser parte de los gobiernos que están promoviendo el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.
La idea es que dicho instrumento proporcione un marco legal y mecanismos internacionales para acelerar la transición equitativa y justa lejos de los combustibles fósiles.
De acuerdo al texto, movimientos de la sociedad civil a nivel global, así como científicos, académicos y Premios Nobel han iniciado una campaña por avanzar hacia un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.
La propuesta, además, es apoyada por un bloque de trece países: del Pacífico (Vanuatu, Tuvalu, Fiyi, Islas Salomón, Tonga, Niue, Palau, Samoa, Nauru, República de las Islas Marshall), de América Latina y el Caribe (Colombia, Antigua y Barbuda) y del Sudeste Asiático (Timor Oriental).
