La Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación abordó una serie cambios legales para regular los Servicios Sanitarios Rurales, así como la participación en comités de agua y organizaciones de usuarios.
En ese contexto, conoció sobre los avances del trabajo prelegislativo que está realizando el Ejecutivo para presentar un proyecto de ley que modifique en forma integral los Servicios Sanitarios Rurales. Esta coordinación previa es fruto del trabajo de una mesa única nacional con los representantes de dichos servicios.
Al respecto, el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, explicó que el objetivo es tener un marco normativo conforme a la importancia que tienen hoy día los Servicios Sanitarios Rurales.
“Para que le permitan desarrollar de mejor forma su trabajo y proveer servicios de mejor calidad a las personas que lo necesitan”, enfatizó el ministro Elizalde, quien sostuvo que esperan ingresar el texto a trámite en el mes de marzo.
De este modo, el proyecto apuntaría a fortalecer el reconocimiento legal de los comités y cooperativas de agua potable rural (APR). Además, resaltar la función no lucrativa y exclusiva de prestación de los servicios sanitarios rurales sobre la base del derecho humano de acceso al agua potable.
Agregó que para ello se busca priorizar los servicios primarios y establecer controles técnicos, así como eliminar el procedimiento de otorgamiento y reconocimiento de licencias para servicios existentes.
Otros cambios abordan, también, modificar las obligaciones de los socios y flexibilizar el uso de los fondos de reposición.
Participación de usuarios
Las y los parlamentarios plantearon que es necesario un marco general y robusto que permita ir avanzado en la modificación integral de los Servicios Sanitarios Rurales y que les permita a los APR funcionar en condiciones justas.
Asimismo, que es necesario gestionar óptimamente las aguas potables rurales, pues son los únicos bastiones de aguas públicas que le queda al país y de acción comunitaria en gestión del agua.
En esa misma línea de potenciar el desarrollo y funcionamiento de las organizaciones, la Comisión escuchó los alcances de dos mociones parlamentarias que modifican el Código de Aguas.
La primera equipara el número de votos a que tienen derecho los integrantes de las organizaciones de usuarios de aguas (Boletín 17.325). Su autora, la diputada Carolina Tello (FA), señaló que esto persigue democratizar las decisiones en dichas organizaciones, eliminando la diferenciación en el valor de los votos según la cantidad de acciones. Esto, con el fin de fomentar la equidad y fortalecer los principios democráticos en la gestión de recursos hídricos.
De esta manera, el proyecto establece un voto igualitario para cada usuario y plantea una reforma en la elección de directivos.
La segunda moción tiene como fin garantizar la participación de comités y cooperativas de agua potable rural, prestadoras de servicios sanitarios rurales, en los directorios de las comunidades de agua (Boletín 17.324).
La diputada María Francisca Bello (FA) explicó que también se busca fortalecer la democracia interna de las comunidades de agua, a través de establecer, al menos, un cupo reservado en los directorios para los comités y cooperativas de APR y prestadoras de servicios sanitarios rurales. Esto con la perspectiva de promover la protección del derecho humano al agua potable y al saneamiento.
