En condiciones de pasar a la Sala quedó el proyecto (boletín 16132) que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito a los gobiernos regionales (Gores), luego que la Comisión de Hacienda respaldara la propuesta, replicando lo ya hecho por su par de Gobierno Interior.
Para el tratamiento de esta iniciativa se contó con la asistencia del ministro Secretario General de Gobierno, Álvaro Elizalde, y del asesor legislativo del Gabinete de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), Alonso Boegeholz. También asistió el asesor jurídico de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi), Jaime Pilowsky.
Según relataron los representantes del Ejecutivo, la iniciativa surgió del Compromiso Transversal por la Seguridad. Este se suscribió en abril de 2023 con Agorechi. Corresponde, además, a un anuncio de la cuenta pública presidencial de 2023 y es parte de la Agenda de Seguridad Pública.
El proyecto, en concreto, incorpora a los Gores la función general de “diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito”. También, en materias de atención y asistencia a víctimas en la región. Estas acciones deberán ser coherentes con la Política Nacional de Seguridad Pública y las directrices del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.
Así, los Gores podrán financiar proyectos que tengan por finalidad dotar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública de equipamiento o infraestructura para el apoyo de sus labores. Para esto y otras iniciativas, podrán celebrar convenios con las municipalidades y con otros organismos del Estado. Igualmente, deberán mantener una coordinación permanente con la SPD, que proveerá colaboración y asesoría técnica.
Asesoría a municipios
Se incorpora, dentro de las funciones generales de los Gores, asesorar a las municipalidades, cuando éstas lo soliciten, en la formulación e implementación de sus planes comunales de seguridad pública o de cualquier otro proyecto o estrategia en este mismo ámbito.
En línea con lo anterior, se efectúan enmiendas a la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. De igual modo, se incorporan a esta normativa otras adecuaciones, como requerir a los municipios que remitan sus planes comunales de seguridad pública al Gore respectivo y a la SPD, entre otros.
Entre las normas revisadas por Hacienda estuvo la creación de una División de Prevención del Delito en los Gores. En este marco se definen la misión y atribuciones de la unidad. Adicionalmente, se consigna la creación del cargo de “Jefe de División de Prevención del Delito en el Gobierno Regional”.
El texto se aprobó sin mayores variaciones respecto de lo ya sancionado en Gobierno Interior. La salvedad estuvo en la aprobación de una indicación de Jaime Naranjo (PS), Alexis Sepúlveda (PR), Gastón Von Mühlenbrock (UDI) y Gael Yeomans (FA). En particular, se define que las y los jefes de división deberán tener, a lo menos, dos años de experiencia profesional en materias de gestión pública o prevención del delito u otras materias afines.
