Con la idea de fortalecer la facultad de fiscalización de la Cámara, la Sala de la Corporación aprobó y despachó a segundo trámite un proyecto que define un plazo máximo de respuesta a los oficios enviados en esta materia. Además, la iniciativa establece sanciones por su incumplimiento.
La propuesta se originó en dos mociones. La primera de ellas (boletín 16163) la impulsó la diputada Paula Labra (IND). También la suscriben José Miguel Castro (RN), Harry Jürgensen (IND), Johannes Kaiser (IND), Andrés Longton (RN), Benjamín Moreno (PREP) Gloria Naveillan (IND), Marcia Raphael (RN), Hugo Rey (RN) y Natalia Romero (IND). El segundo texto (boletín 16192) lo presentó Christian Matheson (IND). Además, la firman Yovana Ahumada (IND), Miguel Ángel Becker (RN), Bernardo Berger (IND), Andrés Jouannet (AMA), Johannes Kaiser (IND), Miguel Mellado (RN), Víctor Alejandro Pino (DEM), Renzo Trisotti (IND) y Francisco Undurraga (Evop).
La Ley Orgánica del Congreso Nacional define, actualmente, que los organismos de la administración del Estado y las entidades en que el Estado participe o tenga representación deberán proporcionar los informes y antecedentes específicos que se le soliciten por las comisiones o por los parlamentarios debidamente individualizados en sesión de Sala o de comisión.
Ahora, la presente iniciativa establece que el jefe superior del respectivo organismo (o su representante legal) deberá responder a los oficios de las cámaras del Congreso, ya sea que se deriven desde comisiones o por parlamentarios individualizados, en un plazo de 20 días. Este plazo podrá prorrogarse, excepcionalmente, por otros 10 días cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. Es justamente en esta norma que el segundo informe innovó, agregando, a ambos plazos señalados, que corresponderán a “días hábiles”.
Sanciones y otros procedimientos
La inobservancia de los plazos se informará a la Contraloría General de la República. Tras dicho trámite, se faculta a la entidad a aplicar, si fuese procedente, la medida disciplinaria de multa equivalente a un tercio, media o una remuneración mensual. La Contraloría también podrá otorgar al requerido un plazo de 10 días hábiles para que informe sobre el requerimiento.
El mismo procedimiento y sanción se aplicará por la falta de comparecencia a una sesión de una comisión a la que se hubiese citado la autoridad responsable. Esta sanción igualmente procederá cuando se citen funcionarios o empleados de su dependencia, cuando la ausencia de estos les sea imputable.
Con todo, los funcionarios de la administración que sean citados y se ausenten sin excusa, se sancionarán con el procedimiento contenido en este artículo. Esto, especialmente en el caso de las comisiones investigadoras realizadas por la Cámara.
Luego, se especifican procedimientos para apelaciones, cobro de multa o cambio de autoridad competente. Además, define que las solicitudes se remitirán por vía electrónica. La salvedad estará dada cuando exista un impedimento para ello o que, por su carácter reservado o contenido, sea necesaria una remisión en otro formato.
Finalmente, se indica que la Cámara y el Senado podrán desarrollar plataformas digitales de comunicación con la Contraloría General de la República. La idea es propender a una labor ágil, realizar seguimiento y facilitar el acceso a la información.
Aumentar respuestas a oficios
El informe de la Comisión de Gobierno Interior lo rindió la diputada Paula Labra (IND). Luego, expusieron en el debate Marta Bravo (UDI), Joanna Pérez (DEM), Sara Concha (PSC), la propia Labra, Marisela Santibáñez (IND), Leonidas Romero (IND), Consuelo Veloso (IND), Rubén Darío Oyarzo (IND), Juan Antonio Coloma (UDI), Andrés Longton (RN), Marcos Ilabaca (PS), Jorge Durán (RN) y Hotuiti Teao (IND).
En general, las opiniones fueron en apoyo de la propuesta. La estimaron necesaria para aumentar las respuestas de las entidades requeridas, ya sean municipios o del aparataje de la administración central. Ello, se evaluó, es fundamental para la labor de fiscalización de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Así, se valoró la definición de plazos específicos y de sanciones para quienes no cumplan con el deber de respuesta. Con esto, se espera revertir las actuales cifras que indican que un 57% de los oficios enviados no obtienen respuesta.
