La Comisión de Seguridad Ciudadana recibió al ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, para continuar con el análisis del recorte presupuestario del Ministerio Público.
La autoridad subrayó que el Ministerio de Hacienda ha cumplido con la obligación legal establecida en la partida del Tesoro Público. Allí se define un ajuste de 543 mil millones de pesos.
De acuerdo a lo anterior, detalló que no se trata de recortes para una institución en particular, sino que tiene que ver con la obligación suscrita al alero del Presupuesto. Dicho punto, recordó, se llevó a cabo bajo el diálogo que se estableció con todas las bancadas y sectores políticos. Particularmente, sobre la exigencia que realizaron sectores de la oposición respecto a hacer este ajuste.
En tal sentido, se acordó con las y los parlamentarios que se excluyera a: los servicios de salud, Carabineros, Investigaciones, Gendarmería de Chile, al sistema escolar, concesiones y subsidios de vivienda.
Por otro lado, el ministro Elizalde destacó que hay dos iniciativas importantes en relacionadas con el Ministerio Público. El proyecto que crea la Fiscalía supraterritorial, que tiene comprometidos recursos importantes; y el fortalecimiento del Ministerio Público.
“Nosotros esperamos que se despachen dentro de un tiempo relativamente corto. Forman parte de los compromisos que adquirió el Gobierno en materia de leyes de seguridad, que nos parece muy importante y que tiene asociado, obviamente, mayores recursos para el Ministerio Público”, remarcó.
Recortes
El ministro Elizalde insistió en que los recortes no tienen que ver con una decisión discrecional o unilateral del ministro de Hacienda, sino con un mandato legal. Esto es, un documento complementario que precisa los términos en los cuales se realiza el ajuste.
Informó que se han establecido reuniones de trabajo con los distintos organismos objeto de recortes, a fin de de precisar la forma en la cual se va a realizar de mejor manera.
La autoridad recalcó que el compromiso es seguir fortaleciendo la persecución penal y el desafío de enfrentar los delitos que se cometen en nuestro país. “La prioridad es la seguridad. Obviamente, estamos en este proceso de diálogo para establecer todos los ajustes que sean necesarios con el objeto de que estos recortes tengan, no solo el menor impacto posible, sino que, a través de las iniciativas que se están discutiendo, se cuente con más recursos, no solo financieros, sino que también humanos, para que el Ministerio Público siga desarrollando su trabajo”, sentenció.
Opinión de las y los legisladores
Jorge Alesandri (UDI) planteó que la invitación al ministro Elizalde fue para buscar una fórmula para devolverle los $7.000 millones al Ministerio Público. “¿De dónde sacamos los 7000 millones? ¿Rebajamos viáticos, rebajamos la contratación de nuevos funcionarios, lo sacamos del FES? Este Gobierno, varias veces, ha metido la mano al FES. Ha sacado ahorros del Estado por más de 3.000 millones de dólares para financiar distintas cosas. No es esta una prioridad?”, cuestionó.
Para Raúl Leiva (PS), se trata de un tema sensible. En tal plano, espera y confía en que el Gobierno será capaz de articular, de una u otra manera, las medidas necesarias para que el Ministerio Público pueda desarrollar su labor.
Planteó la necesidad de ver los instrumentos que se puedan aplicar para que el Ministerio Público pueda contar con los recursos necesarios. Agregó que con esta problemática se plantean requerimientos de otros servicios públicos o de otros órganos autónomos
Gloria Naveillan, presidenta de la comisión, subrayó que, de parte del grupo parlamentario, el Gobierno contará con su apoyo para poder solucionar el problema.
