La Sala de la Cámara aprobó en general, por 128 votos a favor y una abstención, el proyecto que modifica la Ley 20.000. Su finalidad es asegurar el origen lícito de los honorarios percibidos por los abogados defensores de personas imputadas por delitos de drogas (boletín 17125).
Se trata de los profesionales que patrocinen o actúen como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en esta ley.
En tal plano, deberán percibir sus honorarios a través de sistemas de pago distintos al dinero en efectivo. Esto es, mediante cheque, vale vista, tarjeta de pago, transferencia electrónica u otro.
Se trata de una iniciativa promovida por la bancada PPD e independientes. La firman Jaime Araya, Carlos Bianchi, Marta González, Carolina Marzán, Helia Molina, Camila Musante, Raúl Soto, Cristián Tapia y Héctor Ulloa.
Incumplimiento y obligaciones
Una vez concluida, renunciada o abandonada la defensa, el abogado deberá acreditar en el tribunal ante el cual asumió la defensa, el pago percibido por los servicios prestados, hayan sido percibidos como persona natural, sociedad o empresa.
Determina, además, que quienes incumplan esta obligación serán sancionados con la suspensión del ejercicio de la profesión por un término de seis meses a un año.
En todo caso, en ningún caso esta norma regirá respecto de los abogados de la Defensoría Penal Pública.
La obligación regirá también para los abogados de 30 imputados por delitos funcionarios contemplados en el Código Penal; por delitos cometidos a través de asociaciones delictivas y criminales del mismo; y por crímenes o delitos contenidos en la ley que determina conductas terroristas.
Asimismo, se incorporan estos puntos en la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.
Debate
La Sala manifestó la importancia de votar favorablemente la norma de manera transversal. Indicaron que, además de dar herramientas a Carabineros y a la fiscalía, se debe controlar el trafico de dinero y su lavado.
Subrayaron que, muchas veces, la televisión da tribuna a profesionales que muestran maletines con dinero que vienen de un proceso que no es legal. Es hora de poner fin a este tipo de cosas, recalcaron.
Manifestaron que la comunidad sospecha que se ha enquistado este tipo de poder económico. Sostuvieron, de igual modo, que existen lugares donde el narcotráfico se ha tomado comunas y poblaciones.
Así. estimaron que se trata de un objetivo necesario ante el recrudecimiento y fortalecimiento de las redes ligadas al narcotráfico.
En el análisis, adicionalmente, llamaron a que la Unidad de Análisis Financiero tenga atribuciones directas sobre el circuito de dinero que se maneja en estos casos.
Intervinieron Luis Malla (PL), Cristián Tapia (IND), Leonidas Romero (IND), Leonardo Soto (PS) y Vlado Mirosevic (PL).
