Luego de culminar audiencias con exautoridades de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y representantes de municipalidades, la Comisión de Hacienda procedió a votar y aprobar el articulado del proyecto que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del ramo (boletín 16.553).

Entre las normas de competencia de Hacienda y que concitó mayor debate está la que faculta a la SMA y a las municipalidades para fiscalizar las normas de emisión de ruidos generados por fuentes fijas.

Al respecto, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades, dijo que no existe traspaso de recursos en la ley para que puedan hacerse cargo de las nuevas funciones. Pero, valoró la recaudación municipal que existirá producto de las multas asociadas.

Precisó que existen pocos inspectores para cumplir la tarea y que será necesario adquirir dispositivos para las mediciones.

En tanto, la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) hizo llegar un documento, firmado por su presidente Gustavo Alessandri, donde señalan que es necesario que se distinga el origen del ruido. Además, consideran que las multas son desproporcionadas si se trata de particulares y no una empresa. Por ello, proponen un límite de 10 UTM.

Por otra parte, también criticó que no se destinen recursos para la dotación de inspectores.

Exautoridades ambientales

En tanto, el exsuperintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz, afirmó que son cerca de 5 mil las denuncias anuales que llegan al organismo.

De estas, añadió, el 50% corresponde a ruidos molestos y que, en su mayoría, provienen de actividades de esparcimiento, pubs, restaurantes, centros deportivos y circos, entre otros.

En ese sentido, valoró que se desahogue al organismo de la fiscalización de los ruidos de locales de esparcimiento.  

A su vez, el exfiscal de la SMA y exsuperintendente (s), Emanuel Ibarra, consideró que el informe financiero queda corto para las nuevas facultades que se fijan. Entre ellas, las medidas cautelares que se pueden determinar alejadas de cualquier actividad industrial, sobre la incautación y cadenas de custodia, y la tramitación de denuncias en plazos breves.

Ibarra alertó que si no hay recursos suficientes para implementar las nuevas funciones, así como una mayor dotación de personal, la ley será letra muerta.

Por su parte, el exsuperintendente y exjefe de fiscalización de la SMA, Rubén Verdugo, aseveró que ni con 10 o 15 fiscalizadores por región se lograría cumplir con las inspecciones necesarias. Por ello, planteó fortalecer el eje preventivo con mejor medición y gestión de datos.

Medidas cautelares

Otra de las facultades que tendrá la Superintendencia es la adopción de medidas urgentes y transitorias. Ello, para la protección del medio ambiente y/o resguardo de la salud de las personas.

La titular del organismo fiscalizador, Marie Claude Plumer, explicó que se podrán aplicar en situaciones graves no asociadas a instrumentos de medición medio ambiental. Estas serán por un plazo no mayor a tres meses y luego se derivarán a los servicios públicos que correspondan.

La norma propuesta responde a una sentencia de la Corte Suprema, de 2017, que pidió el pronunciamiento de la Superintendencia respecto a Concón, Quintero y Puchuncaví, por el riesgo inminente para la salud y el medio ambiente.

Al finalizar la votación, la ministra del ramo, Maisa Rojas, agradeció el respaldo de la normativa por la importante labor que desempeñan los trabajadores de la Superintendencia. Labor, afirmó, que es requerida por actividades que no sólo son molestas sino que afectan la calidad de vida de las personas.