La Comisión de Seguridad Ciudadana recibió al Fiscal Nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia, quien se refirió al anuncio del gobierno de recortar $7.064 millones de pesos del presupuesto ya aprobado para 2025. Esta reducción implica una rebaja del 2,5% del presupuesto total del organismo y una disminución de 0,4% respecto a 2024 (ver presentación).
Esta reducción se enmarcaría en el Protocolo de Acuerdo adoptado durante la discusión presupuestaria, cuyo fin es rebajar el gasto público. Dichas rebajas apuntan a disminuir gastos en personal, bienes y servicios y transferencias de capital.
Sin embargo, se plantea que el Ministerio Público no estuvo considerado entre las instituciones que se excluyeron de la rebaja, como es el caso de las policías y Gendarmería.
El fiscal Valencia recalcó que esto tiene un grave impacto institucional que afecta el trabajo y operación del Ministerio Público, principalmente en materia de persecución penal.
En esa línea, explicó que el recorte de gastos de personal – 4.200 millones menos- significará no contar con recursos para suplencias por licencias médicas de funcionarios y fiscales; gasto anual que se estima en 5 mil millones de pesos.
También afectaría el pago de viáticos de los fiscales y la contratación a honorarios de personal de apoyo cuando se designa una causa de relevancia a un fiscal.
Bienes y Servicios
Respecto a los bienes y servicios de consumo, se rebaja el presupuesto en 5%. Es decir, 2.730 millones menos. El fiscal indicó que dichos gastos corrientes financian 154 fiscalías y oficinas a nivel nacional.
Detalló que la rebaja impactará los gastos variables de dicho ítem, que alcanzan el 18%. Esto financia, por ejemplo, prestaciones para protección y apoyo de víctimas y testigos, así como la seguridad de fiscales y funcionarios.
Por otra parte, los recursos involucrados también financian peritajes privados, como fue el caso del siniestro, en Magallanes, del avión Hércules de la FACH.
Valencia concluyó que los recortes afectarán la persecución penal y la protección de víctimas y testigos. A su vez, solicitó que se apruebe con celeridad el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público.
Reacciones
Diputadas y diputados de todos los sectores lamentaron que no se prioricen recursos para la persecución de la delincuencia y el crimen organizado. Igualmente, consideraron un error la rebaja dispuesta para el Ministerio Público.
Por ello, la instancia respaldó en forma unánime la propuesta del diputado Henry Leal (UDI) para enviar un oficio al Ministro de Hacienda. Ello con el objeto de pedir que se considere la restitución de los recursos.
Además, acordó citar al ministro de la Segpres a una sesión especial, este miércoles 15 de enero, para buscar una solución, ya sea por la vía legal o por decreto.
Sobre el punto, la diputada Alejandra Placencia (PC) pidió flexibilidad al gobierno para poder enmendar la medida de recorte presupuestario. Sin embargo, dijo que esto ocurre cuando se legisla de manera irresponsable y populista, haciendo referencia al citado protocolo de acuerdo.
Por su parte, Jaime Araya (IND) hizo una autocrítica por lo determinado en la discusión presupuestaria con dicho protocolo. Planteó que “es un error compartido entre gobierno y oposición”, y que hay que buscar una solución de corte legal.
En tanto, Lorena Fries (FA) dijo que se deben reponer los recursos para la fiscalía. Aunque reconoció el “error del gobierno, las fuerzas oficialistas y de oposición”, dijo que el tema fue ratificado por la Sala de la Cámara. Sin embargo, dijo que dicho tema no invalida que este gobierno es el que más ha invertido en materia de seguridad, control y persecución del delito con un aumento de 15% de los recursos.
Finalmente, el diputado Andrés Longton (RN) consideró que existe un despropósito total y que se requiere un mínimo de criterio de parte del gobierno y las rebajas que determina. Sobre todo, agregó, respecto a la lucha contra el crimen organizado que se vive hoy.
