La deuda histórica del magisterio, así como temas relacionados a adultos mayores, fiscalización y seguridad vial, fueron parte de los proyectos aprobados durante la presente semana en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
El proyecto sobre deuda histórica (boletín 17269) se tramitó y aprobó en la sesión del miércoles 8 de enero. Pasó a segundo trámite.
A través de esta iniciativa, se entregará un aporte de $4.500.000 a 57.560 beneficiarios/as. Se pagará en dos cuotas y existirán seis períodos de pago. Los cupos disponibles por año tendrán un perfil de priorización que tomará en cuenta la edad de las y los beneficiarios. Así, se comenzará con las personas de mayor edad a las de menor edad.
Los beneficiados deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Tratarse de un profesional de la educación que se desempeñara en un establecimiento educacional público traspasado desde el Ministerio de Educación a las municipalidades, corporaciones municipales o a entidades sin fines de lucro bajo el régimen de administración delegada en 1980.
- No haber obtenido el pago íntegro de la asignación contemplada en el decreto ley 3.551.
- No haber obtenido el pago íntegro de lo fallado por sentencia judicial favorable firme y ejecutoriada, avenimiento, transacción o cualquier equivalente jurisdiccional de tribunales chilenos o internacionales.
- No mantener un juicio o reclamación administrativa pendiente, que tenga por objeto perseguir el pago de la asignación.
- Renunciar expresamente a cualquier derecho, acción o reclamo a perseguir el pago de la asignación.
Más seguridad en el tránsito
En la presente semana, la Sala respaldó dos proyectos que buscan mejorar la seguridad de las personas en el tránsito. La primera de ellas (boletín 16433) se analizó y apoyó en la sesión del lunes 6. En particular, modifica la Ley 19.831, en materia de responsabilidad del transportista escolar durante el traslado de niños, niñas y adolescentes.
La propuesta surgió a partir del caso de Martín Navarro Jorquera. Él fue víctima de un fatal accidente en el año 2022, cuando sólo tenía 12 años de edad.
Para sus fines, el texto enmienda diversas normas de la citada ley. Entre ellas, lo que se entiende por actividad de transporte de escolares y los antecedentes que se incorporan en el Registro Nacional de Servicio de Transportes Remunerado. Adicionalmente, se asigna la responsabilidad a los conductores de transporte escolar de velar por la seguridad física de los escolares durante todo el servicio de transporte comprendiendo dentro de este, la recepción en el vehículo, su traslado por las vías y calles y la entrega en el establecimiento educacional, domicilio del estudiante o donde haya sido previamente convenida.
El segundo texto (boletín 16720) lo despachó la Sala el martes 7 a segundo trámite. Modifica la Ley de Tránsito, respecto de la exigencia de aptitudes físicas y psíquicas para tener licencia de conducir vehículos motorizados.
La moción nació tras el fallecimiento de Jacinta González. La menor, de cinco meses de edad, perdió la vida mientras paseaba en coche con sus padres. Esto, luego que un conductor de 80 años -en tratamiento por cáncer en etapa IV- perdiera el control del vehículo.
El texto establece que quienes soliciten la licencia de conducir deberán acreditar, mediante declaración jurada, que no han sido diagnosticados ni conocen padecer alguna de las enfermedades inhabilitantes o restrictivas para su obtención.
Presentar una declaración falsa se considerará una infracción o contravención grave de la Ley de Tránsito y se cancelará la licencia de conducir.
Fiscalización, adultos mayores y navegación marítima
El lunes, la Sala también aprobó una propuesta destinada a fortalecer la facultad de fiscalización de la Cámara. El texto (boletines 16163 y 16192) se respaldó en su idea de legislar, pero, al ser objeto de indicaciones, se derivó a la Comisión de Gobierno Interior para un segundo informe.
En particular, define un plazo máximo de respuesta a los oficios de fiscalización enviados. Además, establece sanciones por su incumplimiento.
El martes 7, en tanto, se apoyó un proyecto que busca garantizar un espacio físico para que agrupaciones de adultos mayores y centros de madres puedan desarrollar sus actividades bajo el alero de sus respectivas juntas de vecinos.
El texto (boletín 16754), despachado al Senado, modifica la Ley 19.418, que establece normas sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias. En este marco se incluye una nueva función para dichas entidades. Ella pasa por “facilitar, a título gratuito, los inmuebles asignados por una entidad fiscal, para el funcionamiento de las organizaciones comunitarias existentes o por crearse, a las agrupaciones de adultos mayores y centros de madres que cuenten con personalidad jurídica”.
Finalmente, el miércoles 8, la Sala de la Cámara envió a fase de promulgación un acuerdo internacional (boletín 17296). A través de él se ratifica el cambio de estatus de la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros a una nueva organización internacional.
Chile suscribió el acuerdo el 13 de enero del 2022. A la fecha, ha sido firmada por 26 Estados y ratificada por 10.
