La comisión especial investigadora que analizó las responsabilidades políticas en torno a los criterios aplicados para conceder aumentos de caudal a asociaciones de canalistas con derechos de aprovechamiento de aguas en Ñuble y Biobío, aprobó su informe de conclusiones. En este marco, una de las premisas respalda la idea de fortalecer la institucionalidad del recurso hídrico.
La instancia tuvo como origen la denuncia de distintos agricultores y usuarios de derechos de agua en la región de Nuble. Ellos señalaron que la Dirección General de Aguas (DGA) favoreció con mayor caudal a la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu.
En este marco, el presidente de la instancia, Frank Sauerbaum (RN), destacó el trabajo de la comisión. Planteó que, claramente, en este tema hay una responsabilidad del Estado en el manejo del recurso hídrico.
Es así que las conclusiones planteen la necesidad de promover diversas propuestas de adecuación legislativa para fortalecer la institucionalidad del recurso hídrico. Especialmente, se espera prevenir conflictos futuros en torno al llamado “mercado de derechos de aprovechamiento del agua”.
Puntualmente, se insta a establecer mecanismos más efectivos de regularización de derechos de aprovechamiento de aguas. De igual modo, se pide un fortalecimiento en las facultades de la Dirección General de Aguas en caso de conflictos.
Aquello, considerando la importancia del carácter estratégico del agua y, sobre todo, en un contexto de cambio climático y crisis medioambiental.
Otras observaciones
En el documento se expone que el conflicto se generó a partir de las distintas resoluciones administrativas emitidas por la Dirección General de Aguas.
Según los antecedentes expuestos en la comisión, dichas medidas serían contradictorias respecto de los derechos de aguas entre la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu y la Asociación de Canalistas Laja Sur.
Incluso ambas asociaciones indican tener conflictos con la Dirección General de Aguas que, por una parte, no les reconoce todos los derechos de agua concedidos.
Además, ambas asociaciones sostienen tener títulos de derechos de aguas y que fueron regulados, la última vez, por un convenio suscrito en el año 1958.
El documento aprobado por la instancia señala que dada la complejidad de los distintos actores intervinientes queda claro la existencia de un asunto que corresponde resolverse estrictamente por el Poder Judicial.
Marco de propuestas
El informe estima necesario establecer mecanismos efectivos de fiscalización por parte de la DGA, con el objetivo de aminorar las distorsiones que se provocan en el mercado de aprovechamiento de derechos de agua, como los daños a las diversas agrupaciones de canalistas y los territorios y habitantes que se ven afectado por la incidencia de dichas empresas respecto del recurso hídrico.
Igualmente, se plantea la necesidad de llevar a cabo una coordinación efectiva entre las diversas instituciones relacionadas con el tema, como la DGA, la Comisión Nacional de Riego, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio del Medioambiente, entre otros.
Por otra parte, se plantea la necesidad de reforzar mecanismos de incidencia regional con relación a la Dirección General de Aguas. Es decir, a juicio de las y los diputados, se requiere que el proceso de regulación, actualización y entrega de permisos de derechos de aprovechamiento de agua tenga más coincidencia con lo que pasa directamente en los territorios.
