La Comisión de Seguridad Ciudadana analizó la grave situación sobre la destrucción de droga en los servicios de salud encargados de recibir, acopiar y destruir los elementos incautados y el cumplimiento de las normativas.
Para ello, recibió a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. La personera informó sobre los hallazgos en las observaciones contempladas en ocho fiscalizaciones ya concluidas en los servicios de salud. Precisó que existen dos fiscalizaciones aún en curso.
Señaló que los principales resultados están deficiencias en las instalaciones utilizadas por las unidades de decomiso como, por ejemplo, las infraestructuras de sus muros. También, bodegas, control de acceso, cámaras, equipos utilizados, notificación al Ministerio Público y entrega de la droga.
Además, diferencias en los decomisos en cuanto a peso, cantidad y fecha de destrucción de la droga incautada. En específico, se evidenció que algunos servicios de salud no cuentan con hornos para realizar la quema de la droga. “Además, las condiciones físicas y de custodia para trasladar la droga son precarias”, aseguró Pérez.
Junto con ello, indicó que la bóveda donde se custodian las muestras, contramuestras y saldos de sustancias ilícitas, no cuenta con espacio para el almacenamiento para todas las incautaciones que reciben algunos servicios. “Se observaron sustancias decomisadas mantenidas fuera de ese lugar, apiladas en el suelo, sobre estanterías. También en pasillos de la oficina de la unidad de decomisos, lugar donde transita y cumple labores el personal de esa dependencia”, alertó.
La contralora planteó que parece razonable que se examine la política pública en general, en el sentido de ver cuál es la institución que debiera tener, naturalmente, las atribuciones.
“Sinceramente, que las tengan los servicios de salud es una dificultad mayor. Parece más razonable que fuera propio de la autoridad sanitaria. También pudiera ser una labor que desarrolle el Instituto de Salud Pública o la Red Nacional de Laboratorios”, remarcó.
Redes Asistenciales
En la sesión también expuso el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado. Señaló que desde el 2020 se ha incrementado la incautación de droga de manera muy importante. Agregó que esto complica el trabajo que están desarrollando los servicios de salud.
Aclaró que, actualmente, hay 29 unidades de decomiso funcionando en cada servicio de salud del país y que hay un total de 88 funcionarios, tanto profesionales como administrativos, trabajando en la destrucción de drogas.
Salgado indicó que las observaciones de la Contraloría son mayoritariamente referidas a ámbitos de gestión, “no necesariamente en mejorías de la infraestructura”, remarcó.
Agregó que, evidentemente, hay medidas de seguridad que son insuficientes. Además, que se requieren cambios en las modalidades de presentación de las drogas, pues impactan en requerimientos tecnológicos. “Afortunadamente existen recursos aprobados para mejorar la seguridad de los decomisos”, remarcó.
La presidenta de la instancia legislativa, diputada Gloria Naveillán (IND), acordó formar una subcomisión de crimen organizado para generar estrategias con seguimientos y métricas para perseguirlo.
