Analizar los alcances del proceso de regularización de migrantes ilegales, recientemente anunciado por el Gobierno, fue el objeto de la última sesión de la Comisión de Gobierno Interior.
La instancia recibió al subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien dijo que el Ejecutivo está estudiando un proceso de regularización acotado, teniendo en consideración varios aspectos.
Sostuvo que el país ha realizado esfuerzos de los cuales no solo ha sido participe el Ejecutivo sino la propia comisión legislativa.
Entre estas consideraciones claves se encuentra el fortalecimiento de las fronteras (trabajo conjunto de Carabineros y las Fuerzas Armadas) y los efectos que eso ha producido desde el punto de vista de la reducción de ingresos ilegales.
Asimismo, se ha avanzado en la reforma a la ley de migraciones o misceláneo de migraciones. Explicó que está asociado a corregir defectos de regulación vigente y, particularmente, de quienes incumplen la legislación migratoria.
Lo anterior, explicó la autoridad, está acompañado de otro proyecto de ley que tiene como objeto permitir una actuación más expedita en materia de expulsiones administrativas.
El subsecretario expresó a la comisión que la opinión del Ejecutivo es que se levante la prohibición de la ley 20.000 de drogas, en materia de expulsiones. Aquello “provoca una congestión muy significativa de los sistemas penitenciarios”.
En este sentido, destacó que el Ejecutivo y el Congreso han avanzado en realizar reformas indispensables a la regulación migratoria. También es relevante resaltar, dijo la autoridad, que se han mejorado y optimizado los procesos de control judicial.
Entre otros puntos, explicó que “lo que sucedió en el Registro Civil no tiene nada que ver con esta discusión sobre el mecanismo o el estudio de la regularización a partir de personas empadronadas biométricamente”.
Pero, enfatizó, “si el país no adopta una decisión ahora la tendrá que tomar más temprano que tarde”.
Seguridad
En su exposición la autoridad se refirió a los procesos de regularización a través de distintos gobiernos y los procesos de América Latina. (Ver presentación)
En este ámbito, se refirió al impacto de una regularización en la seguridad pública. Señaló que se crea de esta forma una línea roja entre quienes se han acercado al Estado y quienes no.
En cuanto a la cédulas, explicó que se determina la identidad biométrica y biográfica con alto estándar: habilitando la trazabilidad. Además, se debilitan las economías ilegales e irregulares.
Por otro lado, indicó que la regularización mejora también la percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía. El conocimiento sobre el estatus migratorio de las personas se relaciona con las percepciones de inseguridad.
Impacto macroeconómico
De acuerdo a las cifras entregadas por la autoridad de Gobierno, entre 2017 y 2023, las personas migrantes aportaron en promedio casi un punto porcentual anual (0,8) al crecimiento del PIB chileno.
En ese período, los migrantes elevaron el gasto público en US$1,8 mil millones, pero aportaron en impuestos US$2,9 mil millones, por lo cual contribuyeron a la reducción de déficit fiscal en US$1,1 mil millones.
Los migrantes generaron en promedio 863 mil empleos nuevos durante 2017-2023. Un número significativo de estos trabajos fueron para personas chilenas, detalló.
En tal plano, explicó que en Chile los migrantes pagan en impuestos (especialmente IVA), más de lo que reciben en servicios de salud, educación, transferencias y subsidios.
Así, por ejemplo, en 2022, por cada peso de beneficio a un chileno, el fisco recibió 1,01 pesos de impuestos. En ese mismo año, por cada peso que recibieron en beneficios sociales los migrantes venezolanos pagaron en impuestos 1,62 pesos. Y, los de otras nacionalidades, 1,61 pesos.
Debate
Camila Musante (IND) consultó sobre el universo de personas que serán regularizadas y cómo esta medida será acotada. Además, como aquello será consecuente con el avance de las expulsiones administrativas.
José Carlos Meza (PREP) cuestionó que “frente a los datos entregados por el Ejecutivo lo mejor que puede pasar es que lleguen mas migrantes”. Puntualizó que hay que tener un mínimo de criterio para cuestionarse.
Cristián Labbe (UDI) planteó cómo pretende el Ejecutivo dar señales correctas para evitar que lleguen más migrantes. A su juicio, sostuvo que las señales han sido erráticas y subrayó que lo que pasó en Meiggs es un desastre.
Catalina Pérez (IND) dijo que el gobierno no ha sido errático en materia de políticas migratorias. Agregó que se requiere de acuerdo de todos los sectores. En ese ámbito, preguntó cuáles son las bajadas en materia de seguridad y economía para avanzar en un proceso de regularización.
Joanna Pérez (DEM) postuló que se están gastando más recursos. Se busca reforzar la seguridad y desbaratar bandas que han traído nuevas formas de delito en el marco de una migración no regulada.
Renzo Trisotti (IND) preguntó cuál es la amplitud del proceso acotado; cuáles son los factores y criterios dentro del proceso. Y, por otro lado, cómo se pretenden acelerar los procesos de expulsión.
