La Sala de la Cámara adoptó el Acuerdo 33, que expresa al Presidente de la República la urgente preocupación por la ineficacia de las políticas públicas ejecutadas ante la crisis habitacional, especialmente ante la situación de los campamentos, como el de San Antonio.
El acuerdo resalta que la realidad desoladora en los campamentos invita a reflexionar sobre la falta de una acción eficiente y efectiva en la protección del derecho humano a la vivienda adecuada de miles de chilenas y chilenos que viven en asentamientos precarios.
El texto -que sumó 112 votos a favor y 2 abstenciones- se refiere especialmente a la situación del mega campamento de San Antonio, cuyos ocupantes han recibido como única política pública de solución, crear cooperativas para la compra del terreno. Allí, más de 3.900 familias viven en un terreno de aproximadamente 254 hectáreas.
El documento también cita el Catastro Nacional de Campamentos 2024 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Según sus datos, en Chile existen 1.432 asentamientos precarios, lo cual representa un aumento de 31% respecto al año 2022.
El catastro también determina que la mayor concentración de campamentos se encuentra en la región de Valparaíso.
Infraestructura carcelaria
Asimismo, la Cámara aprobó por 116 votos a favor y uno en contra, la solicitud de resolución 1321 que pide al Presidente de la República que instruya de forma inmediata la ampliación de la infraestructura carcelaria. Esto para aumentar las plazas disponibles actualmente.
La propuesta surge de forma complementaria al anuncio del gobierno sobre construir una cárcel de alta seguridad y la necesidad de extremar medidas de encierro y aislamiento de reos de alta peligrosidad.
En tal sentido, el autor de la resolución, diputado social cristiano Roberto Arroyo, criticó la falta de control y de fiscalización nocturna que existe actualmente en las cárceles, estimando que se puede avanzar en lo inmediato en aumentar la capacidad carcelaria.
En esa línea, el texto propone al Ejecutivo realizar un levantamiento de recintos penitenciarios con potencial de ampliación en sus instalaciones. Junto con ello, solicita realizar gestiones y convenios de programación con gobiernos regionales y fijar un proceso rápido de autorización de los estudios, diseños y ejecución de dichos proyectos.
