La Comisión de Constitución de la Cámara retomó la tramitación de un proyecto (boletín 9116) originado de un mensaje del Ejecutivo en 2013. La finalidad de esta propuesta, aprobada hoy en su idea de legislar, es la disolución de la Editorial Jurídica de Chile. Además, establece normas para su liquidación.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, explicó que la iniciativa responde al problema financiero de la Editorial Jurídica. Esta es una corporación de derecho público que no es parte de la administración del Estado (ver presentación). Entre algunos problemas del organismo figuran deudas tributarias, juicios laborales y embargo de propiedades.
Por ello, se propone su disolución mediante la modalidad de un liquidador nombrado por la cartera. Mientras, el uso de sellos de las Editoriales Jurídica y Andrés Bello quedará en manos de la Universidad de Chile, que mantendrá la marca.
A su vez, se otorgan nuevas atribuciones a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN). Ella asumiría la labor de secretaría técnica de la Comisión de Códigos de la República, encargada de su edición oficial.
BCN
El director de la BCN, Diego Matte, que integra el Consejo de la Editorial, dijo que solamente participó en una reunión. Señaló que existen temas laborales pendientes con trabajadores que se auto despidieron por la insolvencia de la editorial.
Dijo no estar de acuerdo con la Comisión de Códigos que se propone, porque confunde el rol académico, que debiera tener su integración, con un rol institucional, como es en la actualidad. Agregó que la BCN no está en condiciones de hacerse cargo de los códigos, porque implica asumir costos y depender de otra orgánica, diferente al Poder Legislativo (ver presentación).
Por otra parte, pidió avanzar en reconocer legalmente el Sistema Ley Chile, que pone a disposición digital más de 4 mil normas, con un tráfico anual de 32 millones de sesiones y 172 mil visitas diarias.
Debate
En la ocasión, diputados estuvieron de acuerdo con la disolución de la Editorial Jurídica, pero consultaron sobre la deuda actualizada del organismo, considerando que se trata de un proyecto de hace 11 años. De hecho, con acuerdo del grupo parlamentario, el presidente de la comisión, diputado Miguel Ángel Calisto (Ind.), pidió un informe financiero actualizado de la deuda total y la que se mantiene con los trabajadores. Ello justificó que sólo se votara el texto en general, aprobándose en forma unánime.
El ministro de Justicia dijo que la editorial, según un informe de la Contraloría, de diciembre de 2022, tiene una deuda tributaria por concepto de no pago de IVA de $18 mil millones y deuda por no pago de derechos de autor, de $834 millones. A ello se suman obligaciones de corto plazo, por $21 mil millones, y deudas laborales, por $458 millones.
Gajardo indicó que, luego de la liquidación, el Estado realizará un aporte adicional para cubrir la deuda laboral de los trabajadores, que se estimaba, en 2013, en $220 millones. En todo caso, reconoció que la cifra debe ser actualizada.
Nombramiento de jueces
En un segundo punto, la instancia continúa el estudio de la reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un Consejo de Nombramientos Judiciales (boletines 17193, 12607, 14192, 16852, 16979, 17115, 17144 y 17150). El objetivo del proyecto es modernizar el sistema de nombramiento y otros aspectos del Poder Judicial.
Sobre el tema, participó el académico de la universidad Diego Portales y exintegrante de la Comisión de Expertos en el proceso constitucional 2023, Domingo Lovera.
Enfatizó que es crucial que los jueces sean independientes frente a cualquier autoridad. Por ello, estimó que se deben crear condiciones efectivas para su nombramiento, para que sean “ingratos” con las instituciones que los han nombrado y resuelvan conforme a derecho. Además, deben tener independencia de sus superiores.
Posteriormente, se refirió al trabajo de un grupo transversal de académicos que presentó sus conclusiones sobre el tema, en el primer semestre de 2024, y que integró.
Sostuvo que el nuevo mecanismo de asignación debe garantizar en el máximo tribunal la más alta calificación técnica de los jueces y una integración plural. Aclaró que no se refiere a un tema político, sino a distintas formas de interpretar y aplicar del derecho.
En cuanto a las funciones de nombramiento, propone que estén separadas de las labores disciplinarias y administrativas.
A su vez, el jurista cuestionó la participación del Senado en la ratificación de nombres de la terna de jueces seleccionados. “No hay razón técnica para que se presente al Senado”, recalcó.
Añadió que en la experiencia comparada se requieren quórums más bajos para la ratificación. Y planteó que la participación de senadores en la Comisión de Nombramientos evitaría el tráfico de influencias que se produce para que los candidatos se hagan conocidos con los parlamentarios.
