Abordar los graves hechos ocurridos al interior del Internado Nacional Barros Arana (INBA) fue el objetivo de la sesión de la Comisión de Educación.
Para este debate concurrieron la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia; el director de Educación de la municipalidad de Santiago, Rodrigo Roco; y la directora del INBA, María Alejandra Benavides.
A la cita estaban invitados los ministros de Educación, Nicolás Cataldo, y de Salud, Ximena Aguilera. Sin embargo, ambos se excusaron de venir, argumentando compromisos previos. El hecho generó molestia entre las y los legisladores. De ahí que acordaron mandar una reclamación a la cartera de Salud, dado que no se envió a ningún representante, como sí lo hizo Educación.
Tampoco concurrieron los titulares de los centros de alumnos y de padres y apoderados del INBA. Al respecto, el grupo parlamentario acordó reiterar la invitación para que entreguen su opinión. En caso de no poder concurrir presencialmente, se ofrecerá la posibilidad de que participen vía zoom. De lo contrario, podrán entregar su parecer por escrito.
De los asistentes, el primero en intervenir fue Rodrigo Roco. Entregó una relación del trabajo que se viene desarrollando para abordar la violencia al interior de los establecimientos educacionales de Santiago, especialmente, luego de un periodo en que se rompieron las confianzas, tras el estallido social, y de la pandemia, donde era importante recobrar la presencialidad.
Indicó que el modelo educativo comunal contempla cuatro ejes de trabajo para prevenir y enfrentar este fenómeno, puntos que detalló en su presentación. Luego, sostuvo que es totalmente falso que en Santiago no se aplique la normativa educacional respecto de faltas y sus sanciones. Informó que, de las 21 querellas presentadas por la municipalidad por hechos violentos ocurridos en establecimientos educacionales, tres refieren al INBA. Dos de ellas, de 2022, y una por los hechos de octubre pasado.
También comentó que los lamentables hechos vienen a impactar a un establecimiento que venía recuperando su clima interior. Ello se expresó, por ejemplo, en un aumento de la matrícula. Sin embargo, reconoció que esto podrá variar negativamente tras el evento de octubre.
Directora y subsecretaria
La directora María Alejandra Benavides recalcó que les ha costado volver a la regularidad del establecimiento tras lo ocurrido. Acotó que se activaron diversos mecanismos de apoyo psicosocial para los afectados, sus familias, amigos y miembros de la comunidad educativa, en general.
Sostuvo que esta es la tragedia más relevante que le toca enfrentar al INBA en sus 120 años de historia. Asimismo, afirmó que se venía accionando para reordenar al establecimiento, que carecía de estructura para poder funcionar. Ello incluía la aplicación estricta de la normativa y de medidas destinadas a prevenir actos de violencia. Esto pasaba por hacer ver a los jóvenes que la expresión de ideas debe realizarse por la vía del diálogo y el respeto de las distintas opiniones.
“Jamás se ha avalado la violencia como forma de manifestación”, sentenció. En tal plano, dijo que los hechos de octubre escapan a esa lógica y que obedece al actuar de un sector minoritario.
La subsecretaria Arratia explicó la normativa y los planes que se impulsan en este ámbito, que abordan tanto la prevención, como la intervención. Incluyen la articulación intersectorial para coordinar respuestas rápidas, acompañamiento a las comunidades educativas y gestión de los hechos de violencia.
Comentó que, en el caso específico del INBA, desde el ministerio se impulsaron tareas de acompañamiento y de apoyo al equipo educativo. También para preparar la vuelta a clase y brindar auxilio sicológico tanto para docentes como asistentes de la educación.
Inquietudes de las y los diputados
Tras las exposiciones, varias fueron las inquietudes y reflexiones que expresaron las y los integrantes de la comisión. Mónica Arce (IND) consultó sobre la inversión concreta en el establecimiento y las medidas de control al ingreso al establecimiento. Esto último, teniendo en cuenta que se habla de la participación de adultos externos a la comunidad en los hechos, punto que compartió Sara Concha (PSC).
Marcia Raphael (RN) cuestionó cómo nadie responsable del establecimiento se percató de la participación de más de 30 alumnos en la elaboración de bombas molotov. “Es una falta absoluta que no puede ocurrir en un colegio”, planteó. En una línea similar, su colega de partido, Hugo Rey, estimó que, al menos, hay responsabilidad desde la dirección.
Para Sergio Bobadilla, era relevante tener una autocrítica desde las autoridades y determinar qué no se hizo para que se llegara a esta situación. También consultó sobre la aplicación de la Ley de Aula Segura.
La presidenta del grupo, Emilia Schneider (FA), estimó que este es un tema muy grave que preocupa. De igual modo, consideró relevante hacer una evaluación de la efectividad de Aula Segura. En una perspectiva similar, Alejandra Placencia (PC), evaluó que es preciso trabajar más en prevención y no solo en sanciones.
